La ley de Autoridad del Profesorado divide a padres y sindicatos educativos

La decisión tomada por el Consejo de Gobierno de aprobar elproyecto de ley de Autoridad del Profesorado en la Comunidad tiene dos lecturas muy diferentes: por una parte los padres no ven sentido a esta norma y por otra muchos sindicatos educativos llevaban ya mucho tiempo pidiéndola.

La Federación de Asociaciones de Padres de Aragón ha mostrado ya su oposición a este proyecto de Ley. No entienden que se haya dado el primer paso para aprobar esta norma tras haberse puesto en marcha recientemente la Carta de Derechos y Deberes, conseguida con el consenso de la mayoría de las partes implicadas y en la que ya se reflejaban muchos de los puntos que ahora recoge el citado proyecto de ley. Apuntan además que la normativa servirá para separar a profesores y famililas

Por su parte, algunos sindicatos educativos llevan ya mucho tiempo pidiendo una norma que les ampare o les ayude en situaciones de conflicto entre éstos y los padres o los alumnos. Pese a que algunos no apoyen esta norma, si que defienden que sea cada centro el que termine de elaborarla. Con la Ley de Autoridad del Profesor, prevalecería su opinión ya que el texto otorga la presunción de veracidad a los docentes.

Todos los centros docentes, públicos y privados elaborarán un Plan de convivencia en el que se concretarán las acciones para la mejora de la convivencia escolar. Además establecerán en su reglamento de régimen interior las normas que regulen esa convivencia, así como las medidas correctoras y disciplinarias a aplicar. Éstas deberán ser siempre proporcionales a la gravedad de la conducta y tendrán que tener un carácter educativo y recuperador.

Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta se comunicarán al Ministerio Fiscal. Además en casos de agresión física o moral, al margen de la responsabilidad legal, los alumnos deberán reconocer la responsabilidad de los actos y presentar excusas.

También estarán obligados a reparar los daños materiales que causen o hacerse cargo del coste económico, teniendo en cuenta que los padres o representantes legales siempre serán responsables civiles en los términos que establezca la legislación.