El equipo de gobierno aclara que el pago a proveedores se adelanta dos meses con respecto a 2011

Antonia Alcalá Ana Alós

La concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Huesca, Antonia Alcalá, ha salido al paso de las declaraciones hechas por el portavoz del PSOE, Luis Felipe, aclarando que el actual equipo de gobierno se ha adelantado en dos meses con respecto al año pasado en el pago de las deudas a proveedores. Unas cuentas saneadas que se deben, puntualizaba, al plan de ajuste llevado a cabo desde el pasado mes de junio, y no al anterior ejecutivo cuyas deudas ascendían, con fecha del 15 de marzo, a más de 3’5 millones de euros.

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La edil popular acusaba a Luis Felipe de “jugar a la confusión” y “aplicar una memoria selectiva” cuando, recuerda, “el año pasado el pago a los proveedores se realizó dos meses después, es decir en mayo”, y que el montante económico pendiente de pago heredado era de cerca de 7 millones de euros.

Se recibió una reclamación de casi 600.000 euros como consecuencia de los retrasos en el pago de algunas certificaciones de HINACO en la obra del Palacio de Congresos; avisos de corte de luz de Endesa por estar pendiente de pago algunas facturas atrasadas de electricidad por importe de más de 400.000 euros y se tuvo que hacer frente al pago de más de 50.000 euros en concepto de intereses por retrasos en los pagos del contrato de limpieza correspondientes a facturas de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

“Esto prueba, -subraya Alcalá-, que la gestión de pagos del gobierno socialista no debía ser tan eficaz como dicen”. Una situación complicada que obligó al nuevo equipo de gobierno, explica Alcalá, a iniciar un plan de ajuste para hacer frente a los retrasos en los pagos. Así, “se eliminaron del presupuesto partidas por un importe de casi tres millones de euros que no tenían su financiación asegurada y se ajustó el remanente negativo de tesorería de 2010 por un importe de 565.000 euros”. 

La concejal de Hacienda recuerda al portavoz socialista que la reducción de la deuda municipal en años anteriores se debe al plan de saneamiento que tuvo que someterse el Ayuntamiento durante varios años y al plan económico-financiero impuesto por el Estado para recuperar la estabilidad presupuestaria rota como consecuencia del endeudamiento que implicó la construcción del Palacio de Congresos.

Alcalá mantiene que el hecho de que el ayuntamiento no tenga que acogerse al plan de financiación del Gobierno central es una muestra del control que se ha estado desarrollando desde el pasado mes de junio. Sin embargo, añade, todavía queda pendiente hacer frente a las sentencias judiciales recibidas, que ascienden a varios millones de euros.

APLICACIÓN DE LA BAJADA DE UN 2% DEL IBI

Respecto al IBI, Alcalá considera que el portavoz socialista “sigue jugando a la confusión o no ha escuchado las explicaciones del ejecutivo municipal”. El equipo de gobierno, bajo el compromiso de reducir un 10% el IBI de forma progresiva a lo largo de la legislatura, contempló en sus ordenanzas una bajada de un 2% para este año. “Ante la medida impuesta por el Gobierno central de subir el IBI un 10% anunciamos la intención de compensar el 2% en el tipo de gravamen que nos habíamos comprometido a bajar”, indica la edil popular.

Tras establecerse la aplicación definitiva del recargo por parte del Gobierno, se ha fijado que el Ayuntamiento de Huesca pueda aplicar la disminución de un 2%. Esto significa que "no tenemos que buscar fórmulas para compensar la bajada con otros impuestos o tasas, ya que la reducción del 2% que se aplicó en nuestras ordenanzas fiscales sigue vigente”, añade.

Así mismo. Alcalá le recuerda al portavoz socialista que el equipo de Gobierno popular ha mantenido su compromiso de bajada de impuestos. Se han aplicado reducciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en las tasas de aguas y basuras y, a su vez, se han contemplado bonificaciones en el ICIO y en las licencias de apertura.

“Por este motivo, -continúa-, lamentamos profundamente que una buena parte de los impuestos que van a pagar los oscenses, y otros ingresos que vayamos a recibir, se destinen al pago millonario de sentencias judiciales que, con una gestión adecuada, se podría haber evitado”.

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