La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza no secundará la huelga del 29-M

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza privada y concertada, ha decidido por unanimidad de los órganos ejecutivos de sus asociados, no participar en la huelga general convocada para el 29 de marzo. Desde esta organización sindical la rechazan al entender que “responden a intereses que no son estrictamente la defensa de los derechos laborales”.

Así mismo, explican en un comunicado, la Federación, en defensa de los intereses de los docentes y no docentes de la enseñanza privada y concertada, “tampoco puede compartir pancarta ni acción sindical con quienes apuestan sólo por la defensa de los servicios públicos, con quienes buscan el patrocinio de determinados partidos, con quienes aprovechan esta huelga para mezclar temas laborales con sociales y políticos”.

Desde FSIE consideran que hay otras alternativas a la huelga general y que “no es necesario un nuevo esfuerzo económico para los trabajadores que ya han visto seriamente mermados sus salarios”. Insisten en que “se deberían haber propiciado, desde la unidad sindical, acciones que estrictamente se ciñeran a conseguir modificar la reforma”.

FSIE ha presentado a los grupos parlamentarios sus propuestas con objeto de modificar el Real Decreto, confiando en que sean aceptadas en el trámite parlamentario. Por otro lado, señalan, “rechazamos los recortes en educación, especialmente los que afectan a sus profesionales y al funcionamiento de los centros”. Unas medida que desde esta organización tratan de combatir “sin pedir nuevos esfuerzos económicos a los trabajadores, intentando mejorarlas y que sean transitorias y reversibles en el menor tiempo posible”.

Consideran, además, que deben exigirse responsabilidades penales y civiles a los dirigentes públicos que han generado un déficit desorbitado. También apuntan a la necesidad de exigir más al sistema financiero y obligarle a restablecer el crédito. Estiman necesario una persecución inflexible al fraude fiscal y la economía sumergida y una organización eficaz y eficiente de la administración pública, suprimiendo todo lo innecesario o que esté duplicado.

“Con estas medidas, -dicen-, se reduciría el déficit y se podría crear empleo, que es lo que necesitamos”.

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