Sociedad

La Juez amplía el número de imputados en la presunta malversación de fondos públicos en el SAC de Monzón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Monzón iniciaba la toma de declaraciones a cuatro imputados por la querella criminal contra un ex trabajador del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), por un presunto delito de malversación de fondos públicos. En concreto se intenta esclarecer dónde está un material adquirido para el Servicio, pero que no se encuentra en las instalaciones municipales. La Juez decidía ampliar el número de imputados en dos más, en concreto la empresa de servicios informáticos adjudicataria del equipamiento informático de la oficina por 137.000 euros y a un bufete de abogados, ambos de procedencia catalana.

La Juez les tomará declaraciones en breves fechas mientras estudia nuevas diligencias. Esta semana eran citados como imputados a la ex concejal de Participación Ciudadana, la responsable del SAC y los representantes de las empresas informáticas que suministraban el material desaparecido. Todos declaraban, a excepción de uno de los citados, que tras entregar documentación quedaba citado para otra fecha, puesto que las partes tienen que estudiarla. Una vez terminadas las declaraciones será la juez la que pueda ampliar la instrucción de la denuncia con nuevas pesquisas, antes de decretar o no la apertura de juicio oral.

En enero de este año el Ayuntamiento de Monzón comunicaba que interponía una querella criminal en los Juzgados de la ciudad contra un trabajador de la plantilla municipal entre octubre de 2009 y el primer trimestre de 2011, que tenía el cargo de responsable de Organización y Sistemas y que supervisó la instalación de equipos informáticos en la oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

El actual equipo de gobierno descubría meses atrás “distintas irregularidades” en las contrataciones efectuadas para el equipamiento informático de la citada oficina, la adquisición de materiales y la instalación, en las que intervino extrabajador.

La juez iniciaba la instrucción con la toma de declaración del querellado y citaba al actual responsable informático del SAC, tras lo que la titular del juzgado, y para garantizar los derechos del resto de testigos los imputaba, retrasando hasta este miércoles su declaración.

Según los primeros datos se habla de material valorado entre 50.000 y 100.000 euros. Cabe recordar que el SAC se inauguraba en 2009 y suponía una inversión de 453.000 euros del Plan E.

 
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