Alertan del copago de los medicamentos en el hospital

El consejero de Sanidad aragonés, Ricardo Oliván, comparecía este jueves, a petición propia, en las Cortes de Aragón. Allí el consejero aragonés ha abierto la puerta al copago en los servicios de farmacia hospitalaria, los medicamentos que se suministran en el hospital. Otros servicios que considera complementarios son transporte no urgente, productos ortoprotésicos o dietéticos y aquí también podría ampliarse el copago. Además, los grupos políticos de la oposición temen que el establecimiento de una cartera básica de servicios sanitarios común para todo el país, suponga la eliminación de algunos servicios que se dan en Aragón y no en otras Comunidades.

Según los datos del consejero, la recaudación por el copago de los medicamentos supondrá 6 millones de euros, pero incide en que es una medida disuasoria, no recaudatoria.

El consejero decía que “la aportación de los usuarios se amplía en el copago a los servicios de farmacia hospitalaria”, y que en ellos se seguirán criterios de edad y renta, y que habrá colectivos exentos.

Además se espera ahorrar 470 millones de euros con la ordenación de los recursos humanos, aspecto “que se analiza en estos momentos en los grupos sanitarios”, donde se revisan ideas como la creación de un catálogo de profesiones sanitarias, los modelos retributivos y las jubilaciones. En cuanto a los trabajadores que acaban su vida laboral, se apuntaba la opción de que el propio Departamento de Salud decida si retrasar o no esa jubilación.

Por último, el Consejo Interterritorial del miércoles acordaba una serie de medidas de eficiencia que, según el consejero aragonés, “muchas ya se están haciendo en nuestra comunidad autónoma, como el plan de eficiencia energética”, pero también se pretenden potenciar ideas como una central de compras a nivel estatal, la centralización de las historias clínicas, la unificación de tarjeta sanitaria, la receta electrónica… Además, a esto se sumará la creación de un fondo de garantía estatal para compensar la atención especializada en zonas limítrofes de comunidades autónomas, que se calculará teniendo en cuenta el impacto del flujo de personas.