Las Cortes de Aragón en desacuerdo con la sentencia de Sijena

Las Cortes de Aragón aprobaban una propuesta del PAR, enmendada por Chunta Aragonesista, en la que se muestra el rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que ratifica la legalidad de la compraventa de los bienes del Monasterio de Sijena porque “cercena el Estatuto y los derechos históricos” de la Comunidad Autónoma.

Las Cortes además instan al Gobierno regional a rechazar la sentencia y comunicar esta posición tanto a la Generalitat de Cataluña como al Ejecutivo central. Asimismo, las Cortes emplazan al Gobierno de Aragón a buscar y ejercer las acciones jurídicas necesarias para que los bienes sean devueltos.

Proponen al Gobierno de Luisa Fernanda Rudi que se coordine con el Ejecutivo central, y apoyan al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y las instituciones que exigen el regreso de los bienes. El Parlamento trasladará el acuerdo al Tribunal Constitucional, la Generalitat y el Ejecutivo central.

El portavoz del Grupo Parlamentario del PAR, Alfredo Boné, afirmaba que es "obligación" del Parlamento realizar todas las acciones a su alcance para recuperar los bienes.

Aragón tiene razones históricas, culturales, jurídicas y sentimentales para reivindicar el regreso de los bienes de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Estos bienes "se encuentran secuestrados en Cataluña", consideraba.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

Por su parte, la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, animaba a "intentar por todos los medios" la recuperación de estas obras de arte y lamentaba el "incumplimiento notorio de la legislación del Estado" en este asunto.

La diputada de IU, Patricia Luquin, consideraba que recuperar los bienes es "responsabilidad y obligación" del Gobierno autónomo y criticaba al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por considerar que el litigio debe resolverse sin el concurso del Ministerio.

Asimismo, la parlamentaria socialista, Ana Cristina Vera, rechazaba la sentencia del Tribunal Constitucional y sostenía que el Gobierno de España debe tomar cartas en el asunto. "Los bienes deben volver a Aragón".

El diputado popular, Miguel Navarro, señalaba que los cinco grupos parlamentarios están en desacuerdo con la sentencia y opinaba que, aunque en 1983, cuando se realizó la primera de las dos operaciones de compraventa, Aragón no tenía competencias suficientes para frenar el proceso, la Generalitat catalana debería haber solicitado autorización al Gobierno de España.