Ley de Transparencia

Miguel Royo Vidal

El Gobierno actual ha publicado la Ley de transparencia y la ha colgado en internet para que podamos los ciudadanos de a pie aportar nuestras ideas. Ojala sean muchas y buenas y que los políticos las tengan en cuenta. Esta ley viene de muy antiguo; allá por el año 2004 e incluso la trataron en un consejo de ministros de la anterior legislatura. Por lo visto, se dieron cuenta de que iba a salir a la superficie mucha caca y al unísono dijeron “pasapalabra”. Esta ley habla de las obligaciones de altos cargos a quienes se les exige actuar con transparencia, de buena fe, no discriminar, ser imparciales, mantener una conducta digna y no recibir regalos.

A mí se me antoja que esta ley en sus diferentes apartados va a servir sólo para que se pasen varios días discutiendo y que el eje principal de esta discusión sea el “y tú más”. Digo esto porque no concreta ni delimita que las obligaciones inherentes a sus cargos, por cierto bien retribuidos y sin temor al paro, las deben cumplir con meticulosidad y honradez. A veces algunos políticos, cuya única profesión es vivir de la política, han adaptado estas medidas a su particular criterio, y lo que para uno es de cárcel, para otros es de gloria y de provecho propio. Particularmente creo que los conceptos que se mencionan en esta ley de transparencia me parecen confusos, inconcretos e indefinidos. Hay que marcar límites precisos y muy concretos para que nos enteremos cómo gastan hasta el último céntimo de nuestros impuestos; para qué, con quién y por cuánto firman sus contratos; dietas, coches, convenios, subvenciones y salarios, sin olvidar la máxima pensión vitalicia que les queda, sin tener en cuenta los días que han trabajado para la ciudadanía. Sinceramente creo que no sería necesario que se les obligase por ley a ser honestos, porque ya lo asumen cuando aceptan el cargo. Un empresario, o sea, el que paga, firma con sus empleados un contrato en el que figuran todas sus obligaciones y sus derechos, tanto asistenciales como dinerarios, y si alguno no cumple lo pactado, lo despide. Eso debería pasar también con estos “trabajadores” dedicados a hacer política. En un paralelismo no muy forzado, los ciudadanos de a pie somos los empresarios y deberíamos despedir y sancionar a los contratados, mediante papeletas, que se creen dueños de vidas y haciendas, esquilman los fondos y dilapidan los presupuestos, obligándoles a que devuelvan todo, ojo digo todo, lo que se han llevado. Ninguna institución, ni la judicatura, ni el ejército ni la casa real deberían quedar al margen de este borrador que si lo aprueban, que aún está por ver, impondrá por ley la transparencia y austeridad, que al día de hoy, sólo algunos aplican. No entiendo el secretismo de muchas deliberaciones de los Consejos de ministros. Si hay alguna fuga es porque interesa, y lo mismo ocurre con determinados sumarios judiciales. Obviamente tiene que haber algunas excepciones como la seguridad nacional, la prevención de acciones criminales y protección de datos, y párate de contar. El parto de esta ley, que confío llegue pronto, será recibido con alegría, aunque con cierto escepticismo. Es imprescindible que los cargos públicos faciliten toda la información, salvo la excepciones indicadas, a los ciudadanos de a pie, y no de forma arbitraria en función de sus propios intereses, manipulando a algunos periodistas con intención de convertirlos en portavoces del poder.

Lástima que esta ley no tenga carácter retroactivo, porque alguno más iría a la sombra.

Afortunadamente no todos los políticos son deshonestos, enigmáticos y corruptos.

¡¡¡Faltaría más!!!

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