4 millones de euros para inquilinos afectados por desahucios y con pocos recursos

Ayudar a las personas con menos recursos económicos y en especial a aquellas que se han visto afectadas por desahucios. Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto plurianual de 4 millones de euros para ayudas financieras a inquilinos en las que se va a priorizar a las familias en difícil situación económica en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda 2012-2015 impulsado por el Gobierno de Aragón. Un plan para el que está previsto destinar un total de 40 millones de euros.

Las ayudas se concederán por un periodo de 12 meses con derecho a prorroga de otros 12, siempre que se mantengan las condiciones acreditadas para su concesión. Las solicitudes deberán presentarse en el modelo que se publicará junto con la orden en el BOA, ante las subdirecciones provinciales de vivienda.

Así, y según indicará la Orden correspondiente que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, éstas se resolverán, hasta el agotamiento del crédito presupuestario, con preferencia para las personas que hayan sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria con posterioridad al 1 de enero de 2012. Después las presentadas por personas que dispongan de unos ingresos familiares inferiores a 1,5 veces el IPREM y que no abonen una renta de arrendamiento superior a 500 euros mensuales. Como tercer criterio el resto de solicitantes con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM.

La cuantía de la ayuda no excederá del 40% de la renta anual a satisfacer ni del máximo absoluto de 3.200 euros para los solicitantes con ingresos hasta 1,5 veces el IPREM o pertenecientes a colectivos especialmente protegidos; o del 20% de la renta anual ni del máximo absoluto de 1.600 euros para los de ingresos entre 1,5 y 2,5 el IPREM.

El Gobierno de Aragón busca de esta manera facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menos recursos, con una gestión eficiente de las solicitudes para atender los casos más prioritarios, necesarios y con mayor riesgo, con una utilización adecuada de los recursos públicos.