La Ley de Autoridad del Profesorado sigue adelante

El proyecto de ley de Autoridad del Profesorado seguirá su trámite en las Cortes de Aragón tras rechazar el PP y el PAR las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición (PSOE, CHA e IU).

Una votación que tenía lugar en el plenario de las cortes autonómicas, en el que la consejera Serrat defendía el proyecto asegurando que el este pretende que el docente pueda ejercer “no solo el liderazgo educativo, sino también institucional" y sus funciones "con el reconocimiento de una sociedad que le valore y respete".

El Consejo Escolar de Aragón por su parte manifestaba la "necesidad de reforzar la autoridad moral y profesional" de los docentes y la inspección educativa de la Comunidad autónoma, por lo que apostaban por reconocer la autoridad del profesorado mediante una ley y dotar al docente de la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, además de que cada centro deba tener su modelo de convivencia.

La diputada del PP, María José Ferrando, lamentaba que los grupos de la oposición "prefieran colocarse una venda en los ojos para no ver la indefensión de muchos profesores ante un preocupante deterioro del funcionamiento de las aulas, fundamentalmente en Educación Secundaria Obligatoria".

A su entender, rechazar este proyecto de ley es una "falta de responsabilidad política".

Por su parte, la diputada del PAR, María Herrero, sostenía que la oposición "no ha dado argumentos para estar en contra de esta ley", sino para "estar en contra de las medidas del Gobierno", dedicándose "a hablar de otras cosas", que "no nos han convencido", además de que, "en general, el profesorado está de acuerdo con esta ley".

Rechazo al proyecto de ley por la oposición

La diputada del PSOE, Maite Pérez, señala que "no hay necesidad ni es una prioridad" esta ley, recordando que la Carta de Derechos y Deberes sobre las normas de convivencia de los centros, aprobada en 2011 en Aragón, es "efectiva y suficiente".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, apuntaba que la autoridad del profesor ya está reconocida en el Código Penal y por el Fiscal General, por lo que para él y su grupo, esta ley "no es la forma adecuada para conseguir la valoración social al profesor", sino que lo sería "el apoyo con recursos y otras medidas".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha afirmado que este proyecto de ley "no resuelve, ni mejora la convivencia, no refuerza la consideración social del profesorado, ni elimina el clima negativo en el que se desarrollan los trabajos en los centros educativos porque hay que atajar los problemas con más medios, más recursos, más consideración de lo que es un servicio público y no cayendo en la política absurda de recortes que está provocando movilizaciones diarias".

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