Abogados y procuradores del Partido Judicial de Monzón muestran su oposición a la propuesta del CGPJ

Tras la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, los abogados y procuradores del Partido Judicial de Monzón emitían un comunicado en el que manifiestan su sorpresa ante este proyecto, pues “supone un retroceso respecto a la situación actual, suprimiendo partidos judiciales y volviendo a la situación anterior a la implantación de ley vigente”, que rige desde 1988.

La puesta en marcha de dicha ley supuso la creación del partido judicial de Monzón y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, con poca dotación de medios y grave carencia de infraestructuras. Tras una década de reivindicaciones, en el año 2000 llegó el nuevo edificio y con él la creación del segundo Juzgado, necesario en consonancia con el volumen de asuntos tramitados.

Este colectivo en Monzón asegura que, desde entonces, la mejoría ha sido evidente, ya que se consiguieron unas instalaciones dignas y funcionales, que han sido la primera piedra sobre la que se asienta la administración de Justicia en las comarcas del Cinca Medio y La Litera. Del mismo modo, manifiestan que actualmente el Partido Judicial de Monzón funciona razonablemente bien, sin atascos ni retrasos, por lo que consideran que los objetivos con los que se planteó la Ley de 1988 se han cumplido en esta demarcación.

Llegados a este punto, recuerdan que la Ley de Demarcación y Planta Judicial del 88 apostaba por el partido judicial como núcleo de la organización judicial, tomando como criterio una población de 50.000 habitantes y un territorio de 700 a 1000 kilómetros cuadrados, con una distancia media hasta la sede del juzgado de 15 kilómetros. También apostaba porque los partidos judiciales tuvieran un mínimo de dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Con ello se cumplía la tan anhelada aspiración de acercar la justicia al ciudadano.

Para los profesionales del Partido Judicial de Monzón, la modificación propuesta por el CGPJ supondría un alejamiento de la justicia para el ciudadano, con el consiguiente incremento de los costes económicos y con ello, el menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva para los ciudadanos con menos ingresos. Asimismo, manifiestan que la excesiva judicialización de los conflictos debe combatirse con otras fórmulas que no supongan obstáculos para el acceso a la administración de justicia.

Por último, este colectivo sentencia que la concentración de la administración de Justicia supondría dar pasos atrás en la vertebración del territorio, “salvo que se quieran primar los intereses económicos por encima de todos los demás, bajo eufemismos tan de moda como “racionalización” o “modernización”, detrás de los que se esconden pérdida de servicios públicos y empeoramiento de la calidad de los existentes”.