38 Entidades Locales Menores de la provincia desaparecen con el Plan de Ajuste del Gobierno

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local indica la supresión de 3.725 entidades locales menores existentes en toda España, de las cuales 38 pertenecen a la provincia de Huesca. El Gobierno central impondrá esta medida con el objetivo de evitar duplicidades y eliminar las “competencias impropias", lo que supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros.   Con esta Ley también se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada y sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales, que se refuerzan. Además ningún alcalde ni presidente de Diputación podrá cobrar más que un ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 % del total de gastos del Presupuesto municipal. Por último en las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales y los municipios no podrán tener más de 35 concejales.   En la Comarca del Alto Gállego han surgido ya las primeras voces en contra, ante la eliminación de 6 Entidades Locales Menores: Tramacastilla de Tena, Escarrilla, Sandiniés, Gavín, Piedrafita y Aso de Sobremonte.  Las tres primeras quedarían absorbidas por el Ayuntamiento de Sallent de Gállego y las tres últimas por el Ayuntamiento de Biescas, municipios a los que ya pertenecen. Con esta modificación, el Alto Gállego estaría formado por 8 municipios: Biescas, Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero.   Las primeras reacciones contrarias a esta eliminación han surgido precisamente por parte de los vecinos, alcaldes y representantes políticos de las 6 Entidades.  Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se pretende respetar la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos. Sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para lograr un importante ahorro de costes. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.  En este sentido, se potencia el papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes.