CSIF exige un pacto de Estado por la Educación, previo a cualquier reforma

Las diferentes reformas educativas, la aprobación de 7 leyes orgánicas sobre educación, tres de ellas en los últimos 12 años, están provocando cierto malestar entre los docentes que, dicen, “no tienen tiempo suficiente para implementarlas”. Motivo por el que el sindicato CSIF defiende la necesidad de un pacto de Estado por la Educación, previo a cualquier reforma, que aúne criterios y objetivos, además de una memoria económica.   Un pacto de Estado que, señalan, “evite el uso partidario de quienes gobiernan en cada momento y que dote de estabilidad al sistema para varias generaciones”. “Las reformas, -insisten-, deben tener una continuidad en el tiempo, ser sostenibles y realizarlas en colaboración de los profesionales de la educación, que conocen los problemas y pueden aportar soluciones”.  Desde CSIF recuerdan que en mayo de 2011 se terminó el proceso de implantación de la LOE (Ley Orgánica de Educación de 2006). En la actualidad todavía quedan por legislar muchas de las enseñanzas correspondientes a la formación profesional, por lo que aún son estudios que proceden de la antigua LOGSE (1990).   Un año después de que la LOE termine su implantación, explican desde el sindicato, “ya tenemos encima de la mesa el borrador de la séptima Ley educativa de la democracia”.   El proceso de preparación de la LOGSE se basó en la publicación de un Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo y lo mismo sucedió con la Ley Orgánica de Educación. Estos documentos, apuntan, “sirvieron de base para la celebración de numerosos actos públicos de debate abierto, fomentando un verdadero debate democrático, haciendo públicas las aportaciones recibidas, lo que implicó una transparencia del proceso”.  El sindicato pone como ejemplo Francia donde, en el debate de la última Ley de Educación participaron 1.600.000 personas. Todos estos procesos, aseguran, dan a las antiguas leyes consenso y estabilidad. Por ello desde CSIF exigen un sistema educativo basado en los siguientes principios:  • Garantía de la igualdad de oportunidades • Mayor inversión en la red de titularidad pública, para hacer de ésta el referente de calidad educativa en España • No establecimiento de conciertos educativos • Reconocimiento de la labor docente