Victorino Alonso asegura que él no tomaba las decisiones para la destrucción de Chaves

El empresario Victorino Alonso declaraba el pasado martes en el Juzgado de Instrucción número Tres de Huesca por el caso de la destrucción del yacimiento de la Cueva de Chaves. Sólo aceptaba su participación indirecta en la empresa propietaria del coto donde se encuentra el yacimiento, pero asegura que él no tomaba las decisiones, y que sólo conocía el coto porque iba a cazar 2 o 3 veces al año. En el año 2009 una máquina entró a la cueva y destrozó uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica.

Había dudas respecto a la comparecencia del empresario minero, puesto que en numerosas ocasiones, aunque por otros casos, ha hecho caso omiso a requerimientos similares de la justicia, pero finalmente viajaba a Huesca para declarar.

Su abogado aseguraba que no tiene ninguna relación con la sociedad Fimbas, la que gestiona el coto donde se encuentra el yacimiento, “ni con ninguna decisión que se haya tomado al respecto”. De esta forma el abogado defensor intenta echar por tierra las acusaciones de destrucción de uno de los yacimientos neolíticos mejor conservados de la Península Ibérica.

Los abogados de la acusación, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ecologistas en Acción y Apudepa, creen que Alonso conocía la importancia de la cueva y el valor incalculable del yacimiento, pero ordenó la actuación que terminó con los vestigios neolíticos. Ahora trabajarán para demostrar la relación directa y de momento hay un testigo que ha declarado que era Alonso quien daba las órdenes tanto en Fimbas como en la empresa propietaria de la máquina que destrozó los restos arqueológicos.

En el año 2009 una máquina procedió a la excavación indiscriminada de la cueva para habilitarla como corral para los animales que luego cazaba en el coto. Los restos arqueológicos de las capas superiores quedaron destrozados.

Hay otros imputados en el caso, Alejandro Millet, representante de la empresa Fimbas en el propio coto de Bastarás y Antonio Francisco de la Fuente, administrador de Fimbas.

En este caso continúa en fase de instrucción y, según el abogado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, el juicio podría tardar 2 o 3 años en producirse.