Cuando el descontento no se puede limitar

Ilich Luis Ajates Meca

Militante de Izquierda Unida.

Nosotros, los ciudadanos, ante la situación socio – económica tan compleja en la que nos encontramos y que está conllevando la desaparición de una serie de derechos socio - laborales que costaron mucho tiempo conseguir, que además, implican la evaporación del acceso de quienes más lo necesitan a servicios básicos, tenemos ante nosotros un gran dilema añadido. Un fenómeno histórico de índole social que por su carácter afecta de lleno a los derechos que son inherentes a las personas, quienes muestran su descontento de manera constante como también lo son los ataques a los haberes por parte de los gobiernos que pretenden salvar la economía a base de incrementarles los impuestos y recortarles las prestaciones.

Ante esta situación que, lamentablemente parece no haber tocado fondo, la sociedad se está rebelando cada vez con más fuerza, lo que algunos entienden como un desafío a la unidad del país y una mala imagen al exterior que se traduce en desconfianza de los inversores, motivo por el que sin dudarlo declaran abiertamente que se está estudiando limitar manifestarse y expresarse libremente en las calle para, modificando estos principios, salvaguardar su ideal de la buena identidad de una nación. Nada más lejos de la realidad. Legislar a golpe de titular y en base a principios poco objetivos y/o partidistas puede desembocar en un efecto completamente contrario al pretendido, y buena muestra de ello son las numerosas declaraciones que ya se están efectuando al respecto desde determinadas asociaciones de juristas como “Jueces para la democracia” que critican la criminalización desproporcionada de las protestas ciudadanas en el Código Penal o las dudas que surgen entre numerosos expertos, cuestionándose incluso, que de llegarse a prohibir la distribución de determinadas imágenes de actuaciones policiales en manifestaciones, el legislador estaría dando rienda suelta a determinados actos abusivos de la autoridad, tachándose, no desde pocos organismos asociativos y políticos, de anticonstitucional.

Parece indiscutible que no da buena reputación a un conjunto de ciudadanos el constante registro de incidentes violentos que por parte de unos y otros pudieran tener lugar, pero la prohibición de la divulgación de estas imágenes, es un modelo de censura intolerable en un estado democrático, teniendo en cuenta que la legislación actual tiene ya previstos varios supuestos para poder actuar y controlar perfectamente lo pretendido, sin necesidad de impedir la libertad de información, que es la verdadera cuestión proyectada, para a través de la prohibición de divulgar imágenes de interés público, circunstancia que hasta el momento es un derecho que prima sobre cualquier interés subjetivo, dar constancia de lo sucedido a nivel social e informativo. La cuestión aquí es, si limitada la distribución de estas imágenes, cómo podrá el ejecutivo limitar el descontento de los ciudadanos. ¿Será entonces cuando entrará en juego la ya mencionada modulación del derecho de manifestación? El simple hecho de nombrar según qué tipo de medidas contrarias a cualquier principio justo, pone en cuestión la actuación del gobernante y en seria duda el respeto que este puede tener por las personas que no estando de acuerdo con su manera de tomar decisiones, se expresan libre y legalmente contra lo que entienden un ataque al estado de su bienestar o su forma de pensar. Evidentemente, en todo acto con gran afluencia pública se pueden dar hechos aislados de grupos violentos, para lo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deberán actuar de manera respetuosa y proporcional a los mismos para los que están legitimados. Ello no puede suponer la criminalización del derecho a manifestarse o reunirse, como tampoco sería justo criminalizar a los miembros de un determinado partido político porque en sus filas hubiera habido varios diputados imputados.

En cualquier caso, adoptar este tipo de limitaciones en un momento tan crítico es un combustible innecesario para unas calles que se encuentran ardiendo de protestas en contra de las políticas en diversas materias, por ello ¿Es realmente necesario abrir otro frente en restricción de derechos fundamentales que este país parecía tener superadas?

Sea como fuere, con prohibición o sin prohibición, la calle es un lugar público (hasta hoy) al que saldré a protestar tantas veces como se convoque y pueda, y llegando el momento de no estar permitido, siempre me quedará un gran balcón donde colgar los carteles que considere oportunos.

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