UAGA celebra el futuro Decreto, que dará solución a los ataques de buitres al ganado

El Gobierno de Aragón ha comunicado la próxima publicación de un Decreto, que dará solución a los frecuentes ataques de buitres al ganado de Aragón. Permitirá que los ganaderos de determinadas zonas, que cumplan una serie de requisitos y condiciones, puedan tener otra opción a la recogida de cadáveres. En estos casos, los ganaderos podrán aportar alimentación a los buitres en los 51 comederos actuales de la red del RACAN, pero además se establecen las “Zonas de protección”, en las que se autoriza la no recogida del cadáver por la actual empresa SARGA. La organización agraria UAGA celebra esta decisión y reconoce el esfuerzo realizado para plantear soluciones a un grave problema, que lleva arrastrando la ganadería extensiva de Aragón, desde hace demasiados años.

La Dirección General de Conservación del Medio Natural y la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario han sincronizado sus labores para plasmarlas en un documento común, que será ese decreto. Según los datos recogidos por la organización agraria, son 106 los ataques al ganado por parte de estas aves, contabilizados desde 2006 hasta el día de hoy. Las consecuencias de éstos han sido 534 animales muertos.

En todo caso, UAGA también advierte ciertas carencias, que hará llegar al Departamento en los próximos días, como es la dificultad que entraña el cumplir las condiciones exigidas al transporte de los cadáveres, y el hecho de no contemplar también las zonas más bajas y llanas, dentro de estas zonas de protección.

Desde UAGA se lleva trabajando sobre este tema, desde que la puesta en marcha de la recogida obligatoria de los cadáveres en las explotaciones provocó una serie de ataques por parte de los buitres al ganado, ya que esto supuso una gran restricción en la comida que tenían a su disposición en el monte. Respecto a esto, UAGA, junto con SEO/BirdLife, presentó ante la Unión Europea un informe sobre los efectos del Reglamento en las aves necrófragas en la Península Ibérica, y sus posibles soluciones, que sirvió como denuncia de la situación y tuvo como consecuencia el cambio de Reglamento.

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