Para CHA se está dando un giro privatizador en la política de vivienda de Aragón

Chunta Aragonesista considera que la política sobre vivienda pública del Gobierno de Aragón está adquiriendo una peligrosa deriva privatizadora, ahora con la eliminación del registro público de vivienda protegida conocido como TOC-TOC. “Es completamente inaceptable, así no se garantiza la transparencia y se abona la discrecionalidad, con peligro evidente de que pueda haber fraudes en los procesos de adjudicación”, ha señalado el diputado Gregorio Briz.

Para Briz, la desaparición del TOC-TOC supone una privatización de la adjudicación de la vivienda protegida. Además, el resto de medidas que, según el Gobierno, quieren agilizar el proceso y favorecer el acceso de la ciudadanía a la vivienda pública “no están ni mucho menos claras, como el hecho de que un beneficiario no tenga que ocuparla en un plazo máximo de 6 meses, sino de dos años, prorrogables anualmente”, ha señalado. “¿Qué motivos pueden llevan al Gobierno de Aragón a prorrogar el plazo de ocupación para una persona solicitante y beneficiaria de una vivienda protegida?” se ha preguntado.

El diputado de CHA ha criticado que el Gobierno haya colado de rondón estas modificaciones en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, o de Acompañamiento, para modificar la Ley de Medidas Urgentes de Política de Vivienda Protegida, cuando el propio consejero anunció este verano que se harían mediante un Decreto específico (“Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y la Adjudicación de Viviendas Protegidas), que incluso salió a exposición pública, y que no se ha aprobado.

“Puede haberlo hecho así porque no hay dirección general de vivienda desde que hace dos meses dimitió Rogelio Silva”, ha señalado Gregorio Briz, que sospecha que “el consejero Fernández de Alarcón, al no nombrar sustituto en todo este tiempo, pueda querer suprimirla después de la tramitación de los presupuestos”.

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