Sociedad

"Aragón necesita un plan de emergencia social para ciudadanos, no para pobres”

Marea Naranja y el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón han presentado ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón un plan de emergencia ciudadana con propuestas para dar solución a las miles de personas que se encuentran en riesgo de exclusión en nuestra comunidad autónoma y que superan el 10% de la población aragonesa, aseguran.

Todas las propuestas giran en torno a cuatro ejes que son los pilares que reclaman desde estos colectivos y que son, según Luis García, portavoz de Marea Naranja, “los elementos que garantizan el Estado de Bienestar”. En este sentido, luchan por garantizar la atención a unas necesidades básicas, para evitar la exclusión social de los aragoneses, por priorizar en políticas que combinen la creación de empleo con la protección social y en nuevas formas de gobernar.

Entre las medidas que se han planteado figura la creación de un banco de stock de viviendas con aquellas propiedades de bancos y administraciones a las que no se les da uso para que se pongan a disposición de los ciudadanos con alquileres sociales. Asimismo, también reclaman un sistema de mediación basado en el modelo europeo del “deudor de buena fe” y no en el actual que rige el sistema español y que, según Gustavo García, portavoz del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, “está dejando en la calle a familias que jamás pensaron verse en esa situación”.

En materia de alimento y prevención de la exclusión social también proponen políticas que eviten el estigma que supone pedir ayuda para comer. Así, solicitan que se reconozca como reparto social de alimentos también a los comedores escolares y ancianos, “porque no solo los albergues dispensan comidas y son muchas las familias que necesitan recibir la ayuda sin ser tratados como pobres”, tal y como ha indicado Gustavo García.

Una renta básica de ciudadanía es otra de las propuestas que plantean como necesaria y que, como han recordado ante los diputados, está reconocido en el Estatuto de Autonomía. De esta forma quieren garantizar que alguien que se haya quedado sin subsidio por desempleo “tenga un mínimo para vivir sin necesidad de mendigar”. Según García, “cualquiera puede quedarse sin empleo en estos días, que se le acabe el subsidio y verse en la calle. Esa gente no necesita un programa de reinserción, necesita un trabajo y mientras tanto un mínimo para no verse en la calle”. En esta misma línea también exigen respuestas a las más de 9000 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia, con derecho a recibir una ayuda pero sin respuesta por parte de la administración.

PLAN DE EMERGENCIA CIUDADANA

El plan responde a las peticiones de entidades y ciudadanos por conseguir un programa de medidas “que vayan dirigidas a la ciudadanía”. “No queremos un programa de Acción Social para pobres, porque entonces pobres seríamos la mitad de los aragoneses”, ha señalado. En su opinión, “estamos hablando de una situación de emergencia real y necesitamos políticas desde las instituciones que reformen el sistema desde su base”.

En este sentido también han reclamado que se dé solución a las más de 9000 personas que están esperando una ayuda a la dependencia. Denuncian que en el último año se han destruido 700 plazas para estos menesteres en residencias.

Los trabajadores sociales han presentado así el resultado de tres semanas de propuestas ciudadanas sobre el Informe que el Colegio y Marea Naranja dio a conocer ya hace un mes en la Universidad de Zaragoza y a la que acudieron más de 150 personas. En el resultado final han intervenido 14 entidades, que han presentado 23 resoluciones y propuestas al plan.

El objeto de presentarlo en la Comisión no es otro más que mostrar las soluciones de los aragoneses a la crisis para que los diputados debatan y aprueben soluciones. “La gente está muy desmotivada y necesitan soluciones urgentes; la sociedad quiere movilizarse pero necesita ayuda”, ha señalado García. Este documento será también trasladado a Ayuntamientos y Diputaciones en los próximos meses para promover “políticas urgentes”.

 
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