Los Defensores del Pueblo apoyan al Justicia en una propuesta sobre vivienda

Los Defensores del Pueblo autonómicos, reunidos en Oviedo, han apoyado la propuesta del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para que los respectivos gobiernos autonómicos eliminen los impuestos que gravan las operaciones que permiten transformar las hipotecas, en alquileres con opción de compra: transmisiones patrimoniales, formalización de la cancelación de la hipoteca, formalización del nuevo contrato de arrendamiento con opción de compra, e impuestos derivados de la opción, si en su día, se ejercita.

La sustitución del contrato de préstamo con garantía hipotecaria por el de un arrendamiento asumible con opción de compra, permite al banco mantener la garantía, y al deudor, el uso de la vivienda sin perder la expectativa de compra a ejercitar cuando mejore su situación económica. El objetivo último es evitar el drama personal y social que suponen las ejecuciones hipotecarias de quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones por una causa que, en su día, no era previsible y que, en la mayoría de los casos, es el desempleo.

Convocados por la Procuradora General del Principado de Asturias,  María Antonia Fernández Felgueroso, los Defensores del Pueblo han evaluado esta mañana el problema de los desahucios y han analizado medidas y experiencias en la protección al derecho constitucional a la vivienda.

Han coincidido en solicitar a los poderes públicos las reformas normativas necesarias para garantizar la protección de los derechos del consumidor, el equilibrio proporcional entre las partes en el contrato, así como el procedimiento para regular la insolvencia personal tanto cuando afecte a la vivienda habitual, como cuando se trate de un local de negocio que constituya la actividad principal del deudor hipotecario.

Entre otras medidas, los Defensores del Pueblo autonómicos han pedido a la Administración una apuesta clara por el alquiler social de las viviendas que están en poder de las entidades financieras como alternativa al desahucio, ampliar los supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuración de las deudas hipotecarias y dotar al Fondo Social de Viviendas de los suficientes inmuebles para dar respuesta a los adquirientes de buena fe que sean desahuciados por circunstancias sobrevenidas.

También han solicitado que se establezca un protocolo de intervención para evitar los lanzamientos de familias y personas que puedan acogerse a los supuestos de suspensión previstos en las normas de protección de deudores en riesgo de ejecución hipotecaria, aprobadas recientemente por el Gobierno.