Con F de federalismo

Vicente Lera

Secretario General de Juventudes Socialistas de Huesca.

Uno de los errores, según diversos analistas electorales, que tenía la campaña del PSC para los comicios catalanes era que, en España, no había gente con conciencia federal. Si tenemos en cuenta la estructura orgánica de los socialistas, su apuesta por el federalismo es algo lógico, puesto que así se definen en sus estatutos. Pero se cometió un error básico, esencial. Hasta entonces, el Partido Socialista nunca había explicado a la ciudadanía qué es y en qué consiste el federalismo.

Quizás porque en la transición, una vez pactada la forma territorial del Estado con los poderes fácticos, a los socialistas les interesó más en aquél momento fortalecer el Estado autonómico para, en un futuro, cuando éstas tuvieran todo su esplendor competencial, llegar a conformar un verdadero Estado Federal. Pero el acceso de las Comunidades Autónomas a la autonomía por la doble vía provocó unas asimetrías difíciles de superar. Sea como fuere, se acaban de cumplir treinta y cuatro años desde que nuestra Constitución entró en vigor, bajo la peor crisis económica de nuestra historia y, año tras año, su reforma se antoja más que necesaria.

Desde que el Partido Popular ganó las elecciones, nuestro modelo territorial de Estado se ha puesto en tela de juicio, sobre todo en lo que respecta al gasto público. A medio camino entre el Estado federal y el Estado unitario descentralizado, España se caracteriza por ser un Estado compuesto con la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.

Si tenemos en cuenta el gasto público de éstas según niveles de gobierno (FUENTE: FMI [año 2004]), el porcentaje del gasto público gestionado por las Instituciones en los distintos ámbitos es el siguiente: central (56%), autonómico (31%) y local (13%). Cifras que nos vendrían a demostrar que el problema actual vendría más por un problema competencial que no por un problema de gestión del gasto público, ya que es el poder central quien más gestiona, frente a los demás.

Para una mayor eficiencia de nuestras Administraciones, es inevitable cerrar definitivamente la cuestión competencial. Cerrarlo definitivamente con unas competencias simétricas para todos los territorios y en donde el Estado central y las Comunidades Autónomas ostenten unos poderes claros y totalmente excluyentes sin que lleguen a interpretaciones jurídicas confusas. Y ello solo es posible dándole una vuelta de tuerca a nuestro sistema autonómico, convirtiéndolo definitivamente en un Estado federal.

El federalismo supone el reparto del poder político entre Instituciones que controlan ámbitos territoriales distintos. Supone un alto grado de autogobierno, puesto que en este modelo de Estado las competencias atribuidas a las entidades subestatales son la regla general –una Constitución por cada Estado- y las competencias de la federación son la excepción – por ejemplo, en el caso de los EE.UU solo defensa, moneda y política exterior forman parte de las competencias exclusivas y excluyentes del poder federal-. Mientras que en nuestro modelo autonómico se intentan delimitar las competencias asignadas a las entidades subestatales, las competencias reservadas al Estado e incluso, alguna relación de competencias compartidas.

Es decir, sus Estados miembros suelen tener competencias o poderes simétricos, provocando la participación de estos en distintas Instituciones a nivel federal, para conformar así la voluntad común del Estado Federado. Además, en dicha distribución ocupa un pilar básico el reparto de la capacidad tributaria, señalando como se distribuye entre la federación y los Estados el derecho a imponer tributos y su rendimiento.

A sabiendas de que no existe un único modelo federal, en líneas generales el federalismo supone más integración y cohesión social, ya que solio nacer para dar respuesta a la diversidad territorial de cada nación. Supone también más igualdad ciudadana, puesto que todos tienen las mismas competencias –si hablamos de federalismo simétrico-, además de favorecer la solidaridad territorial, ya que se intensifica la cooperación entre ellos para hacer frente a problemas colectivos mediante las relaciones intergubernamentales y bajo el principio de coordinación horizontal entre ellas.

En definitiva, el federalismo supone unidad. De lo que no se trata es de crear unas nacionalidades históricas y regiones sin historia, como diría Blanco Valdés. De lo que se trata es, como diría Pi i Margall (“Las luchas de nuestros días”. 1890), de que “se respete la autonomía de los unos y los otros sin perder un ápice de la suya dentro del círculo de los intereses nacionales”. Y ello solo es posible mediante el federalismo. Pero para ello, es necesario que el Partido Socialista comience a explicar, de una vez, qué modelo de federalismo quiere y qué competencias son las que debería de ostentar el poder central y autonómico. Si hay que explicarlo, debe de hacerse correctamente, no con las ambigüedades ni medias tintas caracterizadas en la campaña catalana, algo que no le hizo bien ni a los socialistas, ni a la explicación de lo que realmente supondría implantar un modelo federal en nuestro país.

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