El Salud destituye a Tomás Tenza para no dañar la imagen del departamento

El Gobierno de Aragón decidía esta semana destituir al actual gerente del Servicio Aragonés de Salud, Tomás Tenza, que está imputado por varios delitos de prevaricación y supuesto acoso laboral. Lo hace, aseguran fuentes del Departamento, para no dañar la imagen del Departamento, y porque ese cargo necesita de autoridad. La destitución no responde al trabajo realizado en el área, que está totalmente avalado por el Gobierno de Aragón”. De todas formas Tenza seguirá trabajando en su puesto hasta que se haga efectido el relevo, en el primer consejo de gobierno del mes de enero.

Esta decisión surge de una reunión en la mañana de éste miércoles entre el propio Tomás Tenza y el consejero de Sanidad Ricardo Oliván. Un cambio de parecer tras asegurar, en la tarde de este martes, que no tenía intención de hacerlo y que se iba a esperar a que avanzara el proceso.

Recientemente la Fiscalía Superior de Castilla y León solicitaba para Tenza por su anterior cargo de un Complejo Asistencial de Burgos, 6 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

ACUSACIÓN DE PREVARICACIÓN Y ACOSO LABORAL

El que fuera jefe del Departamento de Informática del centro médico y uno de los tres funcionarios públicos a su cargo presentaron en 2009 una denuncia en la relataban una serie de hechos relacionados con la contratación, por parte de la Gerencia, de una empresa externa. Posteriormente, en marzo de 2010, ampliaron la denuncia con una acusación por supuesto acoso laboral y mobbing contra Tenza. El anterior gerente del complejo asistencial impidió a este trabajador asistir a cursos de su especialidad profesional y la entrada en determinadas dependencias del hospital. Después le cesó como jefe del Servicio de Informática.

La Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado emitió un primer informe, fechado el 31 de julio de 2009, tras analizar la documentación inicialmente aportada por los denunciantes, de la que «parecen derivarse numerosas irregularidades en el cumplimiento de la legislación de contratos de las administraciones públicas, y variados pagos a la empresa beneficiaria no soportados en contratos regulares», si bien precisó que necesitaba documentos válidos u otro tipo de pruebas para un pronunciamiento definitivo. De ahí  la necesidad de contar con el segundo informe, que se emitió en mayo de 2010, según publica en su página web del Diario de Burgos.

Con estos dos informes ya sobre la mesa, la Audiencia Provincial consideró que se da por cerrada la instrucción del caso, paso previo a ordenar la apertura del juicio oral.

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