Nueva jornada de huelga de monitoras de comedor con servicios mínimos fijados

Tras una jornada caótica en algunos colegios por la ausencia de monitoras de comedor, la situación podría cambiar desde este jueves con unos servicios mínimos fijados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pese a todo, los sindicatos siguen insistiendo en la “irresponsabilidad de la administración” y aseguran que la culpa situación creada la tiene la consejera Dolores Serrat.

Este miércoles las monitoras de comedor de la provincia seguían adelante con la huelga indefinida para protestar contra los puntos que tienen enfrentados a patronal y sindicatos en la negociación del nuevo convenio colectivo: congelación salarial y supresión de los días de libre disposición entre otros.

Tanto CCOO como UGT aseguran que se ha “rebañado todo lo que se podía rebañar” para ofrecer “una posibilidad de acuerdo real” a la patronal: mientras los sindicatos ofrecen una subida salarial hasta el 2016 del 4%, las empresas proponen una subida de hasta ese año del 0.50%.

DESIGUAL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA ESTE MIÉRCOLES

El seguimiento de la huelga, en la jornada de este miércoles (sin servicios mínimos) era desigual: frente al 18% del Pedro J. Rubio, con 2 monitoras para 160 niños, otros como el Sancho Ramírez contaban con las 12 monitoras habituales para 290 niños.

Tal era la preocupación de algunos padres que incluso los hay que se presentaban voluntarios en el colegio para ayudar al equipo directivos en la distribución de turnos y horarios para dar de comer a los niños. La sorpresa se la llevaban con la respuesta: no podían ayudar.

La situación podría cambiar a partir de este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón fijadaba unos servicios mínimos que regirán desde entonces: un monitor por cada centro y además otro por cada 60 alumnos de Infantil y otro por cada 100 de Primaria.

Se fija además en el 75% los servicios mínimos en los centros de educación especial y no se hace ninguna referencia a la necesidad de monitores por alumnos transportados desde zonas rurales. En ambos casos estaba fijado por la administración hasta el martes en un 100%.

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