Universidad y Justicia

Arancha García-Carpintero Broto

Me expreso como forma de trasladar mi absoluto malestar, y porque si bien he decidido no recurrir una sentencia que no comparto ni entiendo, al menos utilizo mi derecho a la libertad de expresión.

Estudié de mayor, eligiendo la diplomatura de Relaciones Laborales, una especialidad que me encanta. Disfruté con muchas de las clases, y todo para mí era precioso hasta que decidí matricularme en un curso de la universidad de Zaragoza, cuya publicidad informaba que tenía un valor de 12 créditos de libre elección, y que se impartía en Zaragoza.

Asistí con mucho interés a las clases, ya que era una especialización en Relaciones Laborales, mi afición. Tras mucho esfuerzo, conseguí terminarlo con éxito, lo que debía haber supuesto contar con los 207 créditos que finalizaban mi carrera universitaria.

Sin embargo, la sorpresa me llegó de la mano de la Comisión de Valoración de Huesca, que lejos de asignarme los 12 créditos publicitados y reconocidos en el propio diploma entregado y sellado por la Universidad, decidió asignarme 8, dejándome a tres créditos de terminar mi carrera.

Insatisfecha con dicha decisión reclamé a través del defensor universitario y gestioné un recurso de alzada, pero todos arroparon la decisión de esa comisión que se negó a verme y explicarme sus razones, si es que las tenía. Todo esto a pesar de que demostré que a otra compañera que realizó el mismo curso se le dieron más créditos que a mí en la misma universidad ¡Increíble!

Pero como creo que la lucha merece la pena, decidí dar un paso más y emprender el camino de la justicia, tramitando una reclamación a través de un contencioso administrativo, a la vez que me matriculé de una nueva asignatura para finalizar mi carrera.

Ahora, más de un año y medio después de esta experiencia he recibido la sentencia desestimatoria de mi reclamación, justamente con fecha 17 de diciembre, primer día en el que eran efectivas las tasas judiciales. Una casualidad que se suma al resto de situaciones vividas en este asunto, y que supone que para el recurso debo desembolsar ochocientos euros.

Sin duda lo peor para mí es que una vez más la jueza no argumenta su decisión, del mismo modo que no lo hicieron la Comisión de Huesca, la de Docencia de Zaragoza ni el Defensor Universitario. Desestima mi petición aludiendo a un reglamento interno que nadie ha discutido, y que en mi opinión no viene a cuento.

Sólo un 30% de sentencias cambian en segunda instancia. ¿Para qué recurrir, para seguir debatiendo sobre un reglamento que nadie ponía en duda y malgastar más de dos mil euros?

Desgraciadamente, lo que me queda de toda esta experiencia es una sensación muy amarga. Incluso he perdido la ilusión que tenía por graduarme.

En mi opinión se evidencia que existen instituciones inamovibles, como la propia universidad, cuyos órganos jamás se contradicen. Además queda claro que la justicia que tarda deja de ser justa, y con las nuevas normas es inalcanzable para la gente de a pie que no puede aspirar hoy a obtenerla porque no se la puede permitir. Yo no estoy de acuerdo con la decisión de la jueza, pero eso es lo que quedará, porque no puedo invertir casi dos mensualidades de mi salario en contradecirla.

Me conformaré pensando que sigue existiendo la justicia de la vida, y además alzaré la voz insistiendo en que creo que es injusto lo que he vivido.