Ibercaja participa con 105 viviendas en el fondo social de vivienda

El Consejero Delegado de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre, ha firmado la incorporación de Ibercaja al Fondo Social de Viviendas, en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Economía y Competitividad. En el acto, Ibercaja Banco se ha comprometido a aportar 105 viviendas. Con esta iniciativa se quiere realojar a aquellas personas que se han visto afectadas por los desahucios llevados a cabo a partir de 2008 y que están en riesgo de exclusión social.

En el Fondo Social de Viviendas participan la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Asociación Española de la Banca (AEB) y cuenta con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que serán los ayuntamientos los encargados de analizar la situación social en que se encuentran las familias que se acojan a este tipo de alquiler social.

Según ha informado el Ministerio de Economía, el fondo contará con 5.891 inmuebles aportados por las entidades, que se emplearán para realojar, con alquileres asequibles, a aquellas familias que se hayan visto afectadas por un desahucio después del 1 de enero de 2008.

Tras la firma del acuerdo, el Consejero Delegado de Ibercaja Banco, José Luis Aguirre se ha mostrado satisfecho “por poder contribuir en este proyecto de ayuda social en un momento en el que muchas familias se ven abocadas a una situación especialmente dura por la pérdida del empleo y por la situación de crisis que vivimos desde hace años”. “Con este tipo de iniciativas, Ibercaja Banco refuerza y sigue apostando por el carácter social de la entidad que, desde su fundación, ha sido su foco de actuación y que la dirección actual pretende que siga siendo parte de su ADN”, añadió Aguirre.

Para acceder al Fondo, que se podrá ampliar posteriormente, los demandantes deben cumplir una serie de requisitos que serán observados por los servicios sociales del ayuntamiento al que pertenezca el solicitante y que serán remitidos posteriormente a la entidad que ofrece la vivienda para que proceda, en su caso, al correspondiente alquiler.

La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Asimismo, el alquiler se formalizará por dos años, prorrogables.

Tras este compromiso, cada entidad gestionará su propio fondo para resolver la demanda que pueda generar su gestión, aunque los Ayuntamientos podrán solicitarles que ofrezcan sus viviendas para solucionar otros casos.