El PSOE pide mantener los registros civiles y se opone a la privatización de los registros públicos

El Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Huesca presentará una moción para su debate en el próximo pleno de la institución, en la que rechaza la privatización de los Registros públicos que contempla el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros planteado por el Ministerio de Justicia y que califican de “auténtica tropelía”. Además, el PSOE rechaza la supresión de los Registros Civiles locales “por su relevancia en el medio rural”.

El rechazo a la privatización de los Registros públicos está motivado por las “graves consecuencias económicas que para los ciudadanos, usuarios obligados de dichos registros, tendría dicha privatización”, así como por la incidencia en el control directo sobre todos los actos de la vida de los ciudadanos, “especialmente intolerable cuando se lleva a cabo por parte de un colectivo profesional privado”.

De igual forma, los socialistas de la Diputación Provincial rechazan la supresión de los Registros Civiles locales, ya que, tal como señalan, “su estructura actual facilita la accesibilidad a dicho servicio por parte de la ciudadanía en territorios rurales e interiores como la Provincia de Huesca”. Y es que, para los socialistas esta decisión supondrá en las zonas rurales un elemento más que les dificulta la vida, así como “una nueva carga económica para sus habitantes, reforzando el absoluto abandono y olvido de dicho medio por parte de los gobiernos del Partido Popular”.

Por todo ello, piden al Gobierno de Aragón que se oponga al anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros “que tanto perjudica la vida diaria y el interés general de los aragoneses y lesiona derechos fundamentales de la ciudadanía”.

La propuesta que se eleva al pleno sostiene, además, que distintos trámites obligatorios que el ciudadano se ve obligado a hacer a lo largo de su vida como son las inscripciones de nacimientos, matrimonios o defunciones dejarán de ser gratuitos. Con la reforma, estos pasan de ser gestionados por funcionarios públicos y jueces a ser controlados por “uno de los cuerpos profesionales más privilegiados del país”, los Registradores de la Propiedad, que obtendrán con ello un lucro personal que no redundará en las arcas públicas.