El CES de Monzón estudia interponer un recurso contra el Decreto de las servidumbres del Aeropuerto de Lérida

La alcaldesa de Monzón, Rosa Mª Lanau, ha convocado al Consejo Económico y Social (CES) para la tarde de este viernes con el objetivo de decidir si van a presentar un requerimiento al Ministerio de Fomento, en relación al Real Decreto que establece las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire. El plazo para hacerlo finaliza antes de Semana Santa.

Los integrantes del CES deberán decidir si el consistorio montisonense presenta por su cuenta un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra el citado decreto, o si por el contrario, consideran que con lo presentado por parte del Gobierno de Aragón y otras instituciones es suficiente.

Esta convocatoria llega después de que las Cortes de Aragón acordaran por unanimidad instar al Gobierno de Aragón a que se dirija al Ministerio de Fomento para solicitar la urgente derogación o corrección del Real Decreto.

Del mismo modo, a finales del pasado año, el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, explicaba a los representantes de los ayuntamientos afectados que la DGA iba a acudir a la vía judicial, ya que desde Fomento no les habían dado una respuesta a su planteamiento de cambiar el decreto en el sentido de que sea el ejecutivo aragonés y no la Generalitat de Cataluña la que informe sobre proyectos de desarrollo de doce municipios aragoneses. Además, animaba a los consistorios que hicieran lo mismo y emprendieran la vía judicial.

El texto del requerimiento, previo a la presentación de un Recurso Contencioso Administrativo, era elaborado por los servicios técnicos del Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón. Ahí se afirma que la redacción del Decreto no tiene en consideración que “sobre el planeamiento de los municipios aragoneses, la Comunidad Autónoma de Cataluña no puede emitir informe alguno por razones de competencia y territorialidad”.

Además, el requerimiento recuerda que “las servidumbres aeronáuticas han sido establecidas a propuesta del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y, por ello, sin participación alguna de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

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