Se abre una oficina en Huesca para atender a los ciudadanos en riesgo de desahucio

El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca y el colegio de Abogados de la ciudad han firmado un convenio de colaboración para crear una oficina que atienda a las personas que se encuentran en riesgo de perder su vivienda. Se ubicará en el edificio de Bienestar Social, en la plaza San Bernardo, y ahí podrán encontrar asesoramiento jurídico por parte de abogados especializados.

La oficina estará atendida de forma permanente por personal de servicios sociales del Ayuntamiento quienes recibirán los casos y los derivarán a un abogado. El objetivo es prevenir y tratar de reducir el número de casos de desahucios que se dan en Huesca.

El Colegio de Abogados presta la asesoría jurídica mediante la asignación de abogados en ejercicio, que cuenten con la especialización necesaria para prestar este tipo de servicio. Una medida que desde el Colegio veían muy necesaria aunque, matiza su decano, Aberto Allepuz, más que de un servicio de mediación se trata de un servicio de asesoría y defensa del ciudadano.

El Gobierno de Aragón aporta a través de este convenio 24.000 euros para sufragar los gastos de esta iniciativa y la prestación del Colegio de Abogados. En un breve plazo se firmará una adenda a este convenio para desarrollar una bolsa de viviendas para alquiler social con el que se pretende conseguir que una parte del parque inmobiliario, sin salida al mercado para su venta, cambie su destino al del alquiler con precios más bajos y con la garantía del Gobierno de Aragón, explica el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón.

En este sentido, el consistorio oscense trabaja en crear un centro público de asociaciones que permita liberar viviendas municipales, ocupadas en la actualidad por diferentes colectivos, para incluirlas en este parque y ofrecerlas para alquiler social. Se trataría, dice la alcaldesa, de unas 5 ó 6 viviendas.

En la provincia Huesca la media de desahucios se acerca a uno diario y el Consejo del Poder Judicial prevé un incremento del 124% en estas ejecuciones. Han sido las plataformas ciudadanas quienes han denunciado este problema y siguen reclamando una solución al drama que viven muchos de estos afectados.