Radiografía del Rescate en Montaña y de una mañana convulsa en Aragón

Alberto Ayora

Esta mañana después de leer la noticia de la publicación de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón he llamado a algunos de mis amigos de la Guardia Civil. Les he contado lo que he leído y su respuesta en todos los casos ha sido la misma: un soplido largo y pausado. La reacción de alguien que ve impotente como el esfuerzo de los 20 años que lleva realizando rescates en el Pirineo como miembro de los GREIM, se desvanece en un momento. Ni una mala palabra, ni una maldición, aunque la ocasión pudiera disculparle. “El honor es la principal divisa”. Así reza la primera frase de la Cartilla del Guardia Civil y todos sus miembros llevan esa frase grabada en su mente cada vez que han tenido que afrontar alguna situación difícil; y ésta aparentemente lo era.

Asombro… ¿Una decisión política tomada por alguien a quien el Pirineo no le parece más que una fuente de ingresos para la comunidad? Analicemos los hechos con frialdad, objetividad e imparcialidad.

Hasta 1967 los rescates en el Pirineo se realizaban con voluntarios, que debían trasladarse desde lugares lejanos hasta nuestras mal comunicadas montañas para poder iniciar las labores de evacuación de los accidentados. Por entonces, el primer aviso se recibía en los “cuartelillos” de la Guardia Civil, y los miembros del Cuerpo acompañaban a los voluntarios con su fusil a la espalda y su cartera de caminos dispuestos a levantar acta de lo ocurrido para la Autoridad Judicial y Gubernativa. Alguien pensó que, si vivían cerca del lugar del siniestro y tenían que acudir de todas formas, bien podrían hacerse cargo de los rescates como sus vecinos de la Gendarmería francesa llevaban haciendo desde hacía casi 10 años.

Así nacieron las Unidades de Esquiadores-Escaladores de la Guardia Civil, precursores de los actuales GREIM, y que no tenían más medios que las camillas, las cuerdas de esparto y el mango de los piolets, para inmovilizar los miembros heridos de las víctimas. Si alguien trabajaba “hombro con hombro” en la cabecera y a los pies de la camilla eran ellos, junto con los guardas de los refugios y los compañeros del herido. De aquellos duros tiempos pasaron a disponer del apoyo del helicóptero, de mejores medios y de mejor preparación. Y la realidad objetiva hoy en día es que la Guardia Civil tiene un reconocido prestigio nacional e internacional, con personal distribuido por todo el territorio nacional para atender esta tarea.

Simultáneamente la España de las autonomías repartía múltiples competencias, entre ellas la Protección Civil; y ello ha dado lugar a un escenario político-administrativo que es en el que nos encontramos ahora, y que ni podemos, ni debemos olvidar.

La Protección Civil es una competencia concurrente a las tres administraciones públicas (estatal, autonómica y local) según Sentencias del Tribunal Constitucional (STC 123/1984 y STC 133/1990). Por ello, todos los servicios de emergencia que en su reglamento y funciones tengan como fin el rescate de personas están habilitados para realizar rescates en montaña, con independencia de la administración a la que pertenezcan. Así algunas Comunidades Autónomas disponen de servicios específicos que en algunos casos coexisten con servicios de bomberos provinciales o locales, e incluso con asociaciones benévolas o agrupaciones de protección civil.

Igualmente tampoco hay que olvidar que desde 1997 las Comunidades Autónomas tienen encomendada la tarea de gestionar el servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, por lo que, en ejecución de las competencias ordinarias de protección civil y emergencias, son éstas las que coordinan y deciden los medios a utilizar en los rescates, valorando cada situación particular y evaluando la necesidad de solicitar los medios que considere necesarios de otras administraciones (local, estatal, u otra Comunidad Autónoma) en cada momento.

A la vista de lo anterior, se advierte que hay una gran variedad en la procedencia de los grupos de rescate, amparados en una normativa difusa y numerosa, cuestión que, aunque a priori no afecta al rescate en sí mismo, supone una dispersión de esfuerzos notable y que origina la utilización de diferentes técnicas, procedimientos y materiales, e implica una formación de los rescatadores heterogénea. Y digo a priori, porque siendo objetivos lo cierto es que, en ocasiones en algunas comunidades, los rescates difíciles, de noche o sin helicóptero son los que suelen asignarse a los miembros de la Benemérita; y en ocasiones se les avisa cuando no ha sido posible llegar al lugar del accidente desde las lejanas zonas de reacción.

En este marco lanzo una primera pregunta: ¿Cómo queremos los montañeros que sea el rescate?

Probablemente la contestación sea unánime: queremos un rescate eficaz y gratuito.

El problema es que si analizamos la situación global en España, se advierte que probablemente los rescates se realizan en todo el territorio con eficacia, aunque es cierto que no existe un sistema homogéneo, lo que le resta eficiencia. Ya que mientras eficaz se refiere a la consecución de los resultados esperados, eficiente implica la consecución de esos mismos resultados con alguna ventaja adicional: mayor economía, más rapidez, menor tiempo, etcétera. Se puede ser, entonces, eficaz sin ser eficiente, pero quien es eficiente es, además, eficaz.

El “modelo aragonés” presenta una característica importante, y que es que los rescatadores trabajan de forma conjunta con personal sanitario especializado para dar la atención sanitaria in situ. La atención al accidentado es impecable y difícilmente mejorable. Más aún si consideramos que el personal sanitario es especialista en medicina de urgencias en montaña tras superar un curso impartido por la Universidad de Zaragoza con la colaboración del Gobierno de Aragón, Ministerio del Interior, Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Federación Aragonesa de Montañismo (FAM). Si a esto le añadimos el excelente trabajo de los pilotos de la UHEL 41 cualquier montañero que se adentrara en nuestra orografía puede sentirse verdaderamente en buenas manos.

Este modelo fijado mediante un Convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón presenta por tanto innumerables ventajas desde el punto de vista de eficiencia funcional, ya que a lo anterior hay que añadir que tiene una distribución territorial homogénea y cuenta con presencia de policía judicial en los rescates para facilitar el atestado. En definitiva, estamos ante un modelo que optimiza notablemente el rescate: salva vidas, disminuye el coste del rescate y sobre todo de los llamados gastos paliativos.

Además, en los casos en los que es necesario el aporte de otros medios debido a la complejidad del rescate o a su duración, se incorporan efectivos de los diferentes servicios implicados (bomberos, federación, UME, Gendarmería, Cruz Roja, voluntarios, etc.) que actúan conjuntamente de forma coordinada con el personal de los GREIM bajo una única dirección técnica.

Esta confianza en los GREIM ha sido transmitida por nuestros políticos de uno y otro signo en declaraciones públicas que elogian la calidad del rescate en Aragón. Así que si todo funcionaba tan bien ¿a qué venía ahora esta Ley? Asombro…

El revuelo de la mañana ha dado lugar a un desmentido por parte del Gobierno de Aragón. Una respuesta, a mi modesto entender, de cierta ambigüedad y poco aclaratoria, ya que muchos seguían sin entender.

¿Si las competencias de rescate en el medio natural son de la Comunidad Autónoma de Aragón y las funciones serán ejercidas por los bomberos, qué lugar ocupa el GREIM en todo esto?

“A ningún Gobierno se le ocurriría eliminar el servicio de rescate en montaña de la Guardia Civil, un servicio impagable” se decía desde la DGA. Estoy plenamente de acuerdo, aunque en otras CC.AA se haya hecho. Sin embargo, y tratando de ser rigurosos y objetivos al máximo, eso no quita para que haya que apoyarlo al máximo. Hay que decir claramente que en mi opinión, y según tengo entendido, las aportaciones económicas que el Gobierno de Aragón ha hecho a la Guardia Civil son más bien escasas; mientras la Benemérita refuerza cada año el operativo estival de rescate en nuestras montañas, con otro helicóptero y personal concentrado, este año hemos sido testigos, una vez más porque no es la primera vez aunque luego se rectifique, del “racaneo” para la aportación de un médico más para el aparato de refuerzo, o de la situación que ahora mismo atraviesa el máster de la Universidad de Zaragoza que forma al personal sanitario.

La Ley, como se decía desde el gobierno aragonés “faculta a los Bomberos a prestar un número importante de servicios, lo que no quiere decir que se les otorgue competencia en la materia y mucho menos que se eliminen competencias a otras Fuerzas de Seguridad del Estado”. Es obvio, todas las competencias de la Guardia Civil de Montaña no las pueden ejercer los bomberos: las labores de Policía Judicial que otorga la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Poder Judicial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la investigación de los accidentes, y poder ofrecer datos objetivos a la Autoridad Judicial que ayuden a esclarecer y depurar las responsabilidades civiles y penales, esas las seguiría realizando el GREIM.

Por otra parte, la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (LO 2/1984) otorga a la Guardia Civil en la totalidad del territorio nacional la función de auxiliar y proteger a las personas que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.

He estudiado la nueva ley aragonesa, y creo que puede ser una buena herramienta si se la dota de los recursos necesarios. Me da la impresión que de la noticia inicial se ha hecho una bola de nieve sin necesidad, y que se ha pecado de falta de claridad y comunicación. Humildemente pienso que lo que debería haber hecho el Gobierno de Aragón es explicar claramente lo que pretende: Coordinar territorialmente los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Potenciar los servicios operativos de los bomberos profesionales. Coordinar y mejorar la operatividad y calidad de estos Servicios. Homogeneizar los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

Dicho esto ahora me pongo totalmente en el lado de la Administración, en el lugar del Gobierno de Aragón, y quiero incidir en la raíz del problema. ¿Y cuál es problema? Pues no es otro que el de los accidentes en montaña. Como presentó el Sr. Emilio Leo, Jefe de la Unidad de Protección Civil de Huesca, en la IV Jornada sobre Ciencia y Montañismo organizada por el Consejo Asesor Científico de las Montañas de la FEDME, la situación es preocupante y exige un compromiso serio de todos, montañeros y administración.

El número de rescates en montaña ha sufrido un espectacular aumento en los últimos años. Contando únicamente con los datos de la Guardia Civil, se ha pasado de alrededor del centenar de rescates anuales a comienzos de los años 80 del siglo XX a más de 800 rescates al año a finales de la primera década del siglo XXI, cifra que con toda certeza será superior al no disponer en la serie analizada de la totalidad de los accidentes registrados en algunas Comunidades Autónomas, especialmente País Vasco y Cataluña.

Cuando estudiamos la serie de datos de rescates entre 1969 y 2010 observamos un crecimiento constante en los accidentes en la década de los años 80, posiblemente originado por la mayor frecuentación de la montaña y por la instalación de radiosocorros en los refugios. En el año 2001, coincidiendo con la expansión de la telefonía móvil, se aprecia un incremento brusco en el número de rescates y en el número de rescatados ilesos, lo que da idea de la importancia que tuvo en su momento disponer de un sistema de aviso eficaz.

Tomando como referencia los datos de 1980 y de 2010, los rescates han aumentado más del 2.100%, el número de fallecidos, ha aumentado más del 400%, los heridos un 2.500% y los ilesos un 4.900%, lo que da idea del brutal aumento de los implicados. Se observa que el incremento de los rescates está en relación directa con el aumento de heridos e ilesos rescatados.

Como resultado final de la serie de datos del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, podemos concluir que entre 1969 y 2010 (42 años) se han realizado en España más de 14.000 rescates en montaña con algo menos de 2.100 muertos, 8.800 heridos de diversa gravedad y 14.500 ilesos.

En este marco lanzo una segunda pregunta: ¿Cómo puede conseguir la administración que disminuyan los accidentes?

Porque nosotros como montañeros queremos tener derecho a un rescate gratuito y eficaz, pero igualmente la Administración está en su derecho de intentar disminuir esta sangría, y utilizo esta palabra para no referirme exclusivamente a los costes económicos. Soy el primero en defender que la montaña debe ser un espacio de libertad, pero ello no quita que también sea responsable de mis acciones. Todos debemos intentar ser responsables.

Como exponía el Jefe de la Unidad de Protección Civil de Huesca, el aumento creciente del número de rescates y accidentes de montaña debe hacer reflexionar a las administraciones y organismos implicados en esta cuestión, entre ellos a la FEDME y al Consejo Superior de Deportes. Si comparamos la evolución de los datos de accidentes laborales, de tráfico y de montaña en el periodo 1997/2009, se observa que, mientras que en los accidentes de montaña se ha producido un aumento del 62%, en los accidentes laborales se ha producido un descenso del 40,2% y en los de tráfico del 51,6%. Esto está claramente relacionado con las políticas activas de prevención realizadas en estos dos últimos casos, que incluyen la promulgación de normativa al respecto, acompañada de inspecciones y de sanciones. Todo ello, por supuesto, incidiendo en la política formativa e informativa.

Pero también aquí hago varios incisos. Primero que no todos los accidentes son iguales; hay accidentes que afectan a individuos y otros que se producen en el seno de organizaciones. Unos y otros demandan estrategias preventivas distintas.

Segundo, la Administración es consciente de que no es posible cambiar los hábitos de cierta parte de la población, si no se acompañan las acciones formativas con aspectos sancionadores de las prácticas negligentes y peligrosas.

A la vista del análisis anterior, es difícil realizar un dictamen preciso de la problemática de los accidentes de montaña ya que los datos estudiados son heterogéneos y corresponden a rescates en montaña realizados por la Guardia Civil, sin que exista una definición clara de accidente de montaña y sin que se contemple la totalidad de siniestros registrados en España. Por ello se ha recomendado la creación de un observatorio de accidentes de montaña como lugar de encuentro de las diferentes organizaciones implicadas en la cuestión. Igualmente se ha recomendado establecer una estrategia nacional de forma que la prevención se pueda hacer en origen para disminuir el número y la gravedad de los accidentes de montaña y por consiguiente de los rescates. Para ello es necesario convencer a los poderes públicos de que esta cuestión debe tratarse desde un ámbito nacional de forma que se que consiga coordinar los trabajos emprendidos por las comunidades autónomas y las diferentes federaciones. Las encuestas realizadas en Aragón indican que más del 80% de los rescatados son de fuera de la Comunidad Autónoma. De poco servirán las campañas de prevención realizadas en Aragón si los accidentados no tienen acceso a ellas.

Ante esta cuestión, y bajo el sistema político-administrativo que tenemos, surgen las últimas preguntas:

• ¿Quién debería impulsar un plan nacional de prevención de accidentes de montaña?

• ¿Quién debería coordinar las campañas de prevención en origen a nivel nacional?