El PAR planteará a la DPH exigir a las administraciones mayor impulso en creación de empleo

El Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de Huesca (DPH) ha presentado una propuesta de resolución al pleno que la institución celebra este jueves, argumentando que “las graves consecuencias de la actual crisis económica en España, en forma de desempleo y de serias dificultades para muchas personas y familias, requieren apurar todas las posibilidades de acción pública para afrontarlas de inmediato” por lo que plantea diversas medidas, dirigidas a todos los niveles de la administración pública, a fin de que se destine un nuevo impulso y mayores recursos “a las ayudas sociales y la lucha contra el paro” ya que “son las prioridades que necesariamente deben determinarse en la actual situación económica colectiva, familiar y personal de muchos ciudadanos.“

Por ello, la propuesta del PAR se dirige a aprovechar con esos fines, dos novedades que supondrán la posibilidad de que tanto el Estado, como el Gobierno de Aragón y la propia DPH cuenten con fondos económicos añadidos en este mismo año 2013. Por una parte, la actualización del Programa de Estabilidad de España 2013-2016, anunciado en el último Consejo de Ministros, incluye “a expensas de su aprobación definitiva por la UE, una flexibilización del proceso de consolidación fiscal y reducción del déficit público de España”, con “incremento de los objetivos de déficit máximo de las administraciones públicas”, que “permitirá disponer -por distintas vías- de nuevos recursos presupuestarios para gasto público” en 2013, ya que sus presupuestos fueron elaborados con la planificación anterior, más estricta. Por ejemplo, en el caso del Gobierno de Aragón, se ha estimado “la cantidad en unos 165 millones de euros suplementarios”.

Sin embargo, “respecto a las entidades locales, como esta Diputación, no se ha programado variación alguna y se mantiene la exigencia del ‘déficit cero’ en este año y los siguientes”, pero se ha anunciado una alternativa que también permitiría la disponibilidad de nuevos recursos: la posibilidad de “que aquellos ayuntamientos (y entidades locales, se entiende) con superávit en su liquidación presupuestaria de 2012, puedan dedicarlo a inversión”, modificando la Ley que les obliga a destinarlo para reducir el endeudamiento neto.

En resumen, según dice la propuesta del PAR, “por uno u otro procedimiento, se augura una mayor disponibilidad presupuestaria inmediata por parte de las comunidades autónomas, entidades locales y, en su caso, la Administración central”, por lo que se plantea que la DPH, “consciente de la grave situación social y laboral”, acuerde una resolución de cuatro puntos, bajo la determinación de “poner en marcha las medidas precisas” para afrontar esa situación, respetando así mismo “como medida estructural para propiciar la salida de la crisis”, el “cumplimiento de los compromisos y obligaciones, derivados de la integración en la Unión Europea y en la ‘zona euro’, así como de la normativa legal”.

En primer lugar, se insta “al Gobierno central a impulsar el correspondiente acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con la Federación Española de Municipios y Provincias al objeto de establecer unos nuevos compromisos de déficit justos y realmente equilibrados entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, e indiferenciados en el caso de las Comunidades Autónomas, así como a concretar la citada modificación legal, todo ello a fin de que el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales puedan destinar nuevos y mayores recursos de gasto público a actuaciones de carácter social, en particular de apoyo a las personas y familias en riesgo de exclusión, así como de estímulo a la creación de empleo”.

A continuación, los tres puntos restantes se dirigen a otros tantos niveles de la administración (Gobierno central, Gobierno de Aragón y la propia DPH), en todos ellos para que “prioritariamente el incremento de disponibilidad presupuestaria como efecto de las novedades señaladas, sea dedicado a las actuaciones sociales y de empleo mencionadas”, si bien especifica en cada caso sus condiciones.

Para el Gobierno central, excluye aquellos recursos de “gasto preciso para atender las responsabilidades de la Seguridad social (prestaciones por desempleo y pensiones, esencialmente)” que según programa de estabilidad, absorberían el aumento de déficit pero incluye opciones añadidas “a las ya incorporadas en el Programa Nacional de Reformas de España 2013 [también acordado en Consejo de Ministros], como las inversiones en infraestructuras de interés general, mayores ventajas fiscales a la generación de puestos de trabajo o la creación de un Fondo de Emergencia contra la pobreza que suponga además la transferencia de recursos a las administraciones competentes en materia de acción social y servicios sociales (comunidades autónomas, ayuntamientos, comarcas…) con el mismo fin”.

Respecto al Gobierno de Aragón, insta a que se suplemente “el Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente y el Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad, creados ambos por la Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 [a instancias del PAR], así como a actuaciones con iguales metas en colaboración con ayuntamientos y comarcas”.

Finalmente, el PAR propone que el pleno acuerde que la DPH “se compromete” a que esos potenciales nuevos recursos “prioritariamente”, serán dedicados “a suplementar programas de Ayudas Sociales, negociar y acordar convenios de colaboración y financiación con los ayuntamientos y comarcas en el ejercicio de la acción social por parte de estas entidades, y a inversiones y acciones que fomenten la reactivación económica y del empleo”.

Por otro lado, también “con la firme determinación prioritaria de impulsar el desarrollo del Alto Aragón, frente a la crisis actual”, en este ocasión “a través del potencial de unas comunicaciones solventes”, el PAR presenta en la DPH una iniciativa en la que plantea instar “al Ministerio de Fomento, para que se retome y acelere la ejecución de todos los tramos aragoneses de las autovías A-22, A-23 y A-21, utilizando para ello tanto los recursos precisos de los Presupuestos del Estado, como las posibilidades de la colaboración público-privada”, así como la colaboración con el Gobierno de Aragón, mediante la encomienda de ejecución contemplada en el Estatuto de Autonomía. Además, el PAR propone que en “la Comisión Bilateral Aragón-Estado, así como en la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros, se fije el cumplimiento de compromisos previamente fijados”, como las partidas previstas para este año, y se acuerde incluir “entre las prioridades inversoras del Estado en Aragón”, el trazado de autovías que Pamplona, Huesca y Lérida, que constituye un auténtico ‘eje transversal’ del Alto Aragón, que quedaría así mismo realmente vinculado al dinamismo del Nordeste de España

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