Convergencia Democrática de la Franja rechaza la Ley de Lenguas

Convergencia Democrática de la Franja (CDF) ha hecho público su desacuerdo, en relación a la inminente aprobación del proyecto de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Esta formación política ha manifestado que  la comisión de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias de 1992 ha emitido varios informes negativos a España por la situación del catalán en la Franja, no por ninguna Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO). Señalan que es vergonzoso que se use esta Carta, ratificada por el Estado, como base jurídica de la Exposición de Motivos de este proyecto de ley.

Recuerdan que Aragón tiene una realidad lingüística trilingüe y así lo reconoce internacionalmente la comunidad científica. El Real Decreto 3118/1976, del 26 de noviembre, otorga el reconocimiento competencial de autoridad lingüística y académica de la lengua catalana al Institut d’Estudis Catalans, en cualquiera de los territorios catalanoparlantes.

Consideran que  la nueva Academia Aragonesa de la Lengua establecerá la normativización única y conjunta para el catalán y el aragonés. Según CDF es una aberración filológica que pretende aniquilar el catalán en la Franja.

Apuntan que el proyecto de ley reconoce el derecho a la enseñanza de la LAPAO. La enseñanza de esta pseudolengua, indican implicará el fin de la enseñanza de la lengua catalana para la población escolar.

Asimismo, indican desde Convergencia Democrática de la Franja, todos los centros educativos con un proyecto bilingüe o trilingüe en lengua catalana tienen amenazada su pervivencia. Si no hay clases de catalán no podrá haber asignaturas cursadas en catalán, lo que privará de calidad y competencias educativas al alumnado del territorio, además del derecho a recibir la enseñanza de la lengua propia.

En cuanto a la relación con las administraciones, los administrados tienen potestad de uso de la LAPAO además del uso del castellano, no de manera excluyente sino vinculada. Este planteamiento es el statu quo vigente en la gran mayoría de las administraciones, incumpliendo la Ley de Lenguas de 2009 aún vigente. Los catalanohablantes podrán usar la lengua como traducción de la redacción castellana previa de cualquier documento, vejando cualquier derecho lingüístico reconocido.

Es por todo ello que CDF muestra su absoluto desprecio a esta propuesta de ley que supedita la realidad lingüística de la Franja a criterios políticos basados ??en el anticatalanismo y en la voluntad de confrontación, desde la más radical irresponsabilidad política.