El sector del porcino en Aragón reclama al GA una mayor atención

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, comparecerá en las Cortes de Aragón, este jueves, para explicar la política del Departamento con respecto al sector porcino de la comunidad. En concreto, será interpelado con respecto a las subvenciones en materia de Sanidad Animal, recogida de cadáveres, y el papel de la empresa pública Sarga, en el sistema de recogida.

Se pretende, con esta comparecencia, aclarar el agravio comparativo que sufre Aragón con respecto a otras comunidades, directamente competidoras en la producción de porcino en temas como las ayudas recibidas en Sanidad Animal y recogida de cadáveres. También, con respecto a Sarga se quiere que se explique el cálculo del precio de recogida.

Desde la Asociación de productores de porcino de la provincia de Huesca se recuerda que, en Aragón, este sector genera 10.000 puestos de trabajo y 1.200 millones de euros de volumen de negocio. Esta riqueza supone un 36,5% de la producción final agraria, y un 3,5% del Producto Interior Bruto de todo Aragón. Es el principal sector agrario de Aragón, muy por encima de otras producciones agrarias. Hay que recordar que el sector de cereales genera 528 millones de euros de volumen de negocio, o el vacuno, 327 millones.

El kilo de cerdo vivo vendido por el ganadero, en 2012, fue de 1,33 euros de media, siendo una de las fuentes de proteína más baratas que se suministran al consumidor final.

Aragón es la segunda comunidad autónoma en producción de porcino de España, con un 21,8%. La primera productora de porcino en España es Cataluña, con un 27,5% de la producción, pero en su caso, la repercusión sobre el PIB regional es mucho menor, y se encuentra en torno al 0,4%. La tercera productora es Castilla y León.

La Asociación de productores de porcino recuerda que se ha conseguido un sector competitivo y reestructurado. Entre sus logros, cabe destacar que se han adaptado a la normativa de Bienestar Animal, y sin apenas inversión por parte del Gobierno de Aragón, que ha empezado ahora a contestar a las solicitudes presentadas en abril de 2012. En principio hay un límite de inversión de 150 euros por cerda, y una subvención del 20%. Como máximo, se dedicará un millón de euros. Las explotaciones se han dimensionado y tecnificado para hacerlas más rentables. Con el 21,8% de la producción nacional, el censo de explotaciones de Aragón es del 4,3%. De hecho, en los últimos quince años, las explotaciones han pasado de 7.000 a 4.000 y el centro de 3 a 7,5 millones de euros.

En 2012 se consiguió aumentar la producción final en un 5,8%, a pesar de contar con el lastre de los precios del as materias primas, que aumentaron en un 12,5% en el caso de los cereales y un 85% en el de la soja.

Los 10.000 puestos de trabajo generados lo son en su mayor parte en el medio rural, fijando población en el mismo, y creando riqueza y facilitando el mantenimiento de los servicios como educación, sanidad o cultura.

Además, la actividad del porcino genera abonos orgánicos ecológicos y baratos, que contribuyen a abaratar considerablemente los costes de producción de cereales para la alimentación humana y animal.

Se trata de una actividad ganadera que no está subvencionada. No obstante, se encuentran con trabas administrativas, como es la recogida de los cadáveres. El coste de recogida en Aragón, en régimen de monopolio por parte de la empresa pública Sarga, es de 0,28 euros/kg. En el resto de Comunidades autónomas, hay una media de 0,18 euros/kg.

En resumen, los ganaderos de porcino de Aragón generan una actividad económica extremadamente importante para la comunidad, pagan impuestos y costean, en gran medida, el funcionamiento de la empresa pública Sarga. Por tanto, exigen que la administración preste un mínimo de atención al sector orcino, el retorno de una ínfima parte de sus impuestos para el cumplimiento de las normativas de Bienestar Animal y Sanitarias, exigidas por la Unión Europea, en una cantidad equiparable a la de otras comunidades autónomas. Por último, reclaman la liberalización o, cuando menos, el abaratamiento del coste de la recogida de cadáveres hasta un punto medianamente razonable.