Economía y negocios

Las empresas aragonesas ya pueden acceder a los beneficios económicos y fiscales por inversiones medioambientales

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y presiente del INAGA, Modesto Lobón, acompañado por la directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Nuria Gayán, han firmado un convenio de colaboración con los presidentes de CREA y CEPYME, Jesús Morte y Aurelio López de Hita, para fomentar que las empresas instaladas en la Comunidad Autónoma realicen inversiones medioambientales. Además, recoge la posibilidad de que las empresas puedan acceder a los beneficios económicos y fiscales que establece la actual normativa estatal de la forma más amplia y generalizada posible.

Un acuerdo novedoso que sirve, no sólo para redundar en la mejora del medio ambiente, sino también para mejorar la cuenta de resultados de las empresas, y por tanto, mejorar su competitividad. Este convenio sirve también para clarificar los criterios técnicos de lo que se puede considerar como inversión medioambiental y cómo deben aplicarse las deducciones que correspondan.

Este convenio que permite conseguir que cualquier empresa instalada en Aragón pueda acceder a tales beneficios fiscales simplemente con adherirse al Convenio a partir de una comunicación directa a la CREA o CEPYME.

Esta nueva fórmula para lograr acceder a los beneficios fiscales es especialmente interesante para las pequeñas y medianas empresas, cuya capacidad de alcanzar un acuerdo bilateral con la administración competente, en este caso con el INAGA, es escasa. Ninguna de las otras vías utilizadas hasta ahora para acceder a los beneficios fiscales se cierra, sino que a partir de hoy se ven completadas con esta nueva opción.

Cualquier empresa instalada en Aragón podrá dirigirse indistintamente a cualquiera de estas organizaciones empresariales para solicitar su adhesión al Convenio. Ésta será muy sencilla, presentando ante un documento en el que se indique lo siguiente:

-Política ambiental de la empresa y objetivos medioambientales del centro y del proyecto de inversión que se presenta, con las actuaciones concretas que se proponen (los objetivos y las actuaciones deberán estar debidamente cuantificados).

- Indicadores de seguimiento de los resultados (definición y periodicidad de cálculo).

- Calendario de las actuaciones

- Recursos previstos para ello, humanos y económicos.

Además de esta firma, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, y la directora del INAGA, Nuria Gayán, han realizado un exhaustivo balance en el que han dado cuenta de las actuaciones acometidas por este organismo en el periodo 2011-2013.

Desde que iniciase esta nueva etapa, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), además de su acción ordinaria de tramitación, está actuando en diferentes ámbitos y líneas de trabajo:

- Propuesta de nueva ley del INAGA, Reestructuración organizativa y funcional del Instituto.

- Hoja de Ruta de la simplificación administrativa en materia de medio ambiente

- Proyectos normativos

- Fomento de la participación y colaboración de otros órganos administrativos y grupos de interés

- Intervención en relación con las inundaciones y actuaciones en los ríos

Según el consejero Modesto Lobón, se ha producido desde el inicio de esta nueva etapa en el INAGA una reforma cuya filosofía pasa de una concepción administrativa a una concepción estratégica de negocios, es decir, hacer compatible la defensa del medio ambiente con la creación de riqueza, que hoy es la base del desarrollo sostenible, eliminando todos los obstáculos en los trámites medioambientales para la creación de negocios.

Nuria Gayán hacía referencia a las 52 medidas simplificadoras de la hoja de ruta que se ha elaborado desde el INAGA, citando un ejemplo destacado y novedoso. Desde el 13 de junio, como novedad importante, todos los empresarios que tengan una autorización ambiental integrada en sus instalaciones, ha dejado de estar operativa la obligación de renovarla, y ahora van a tener licencia indefinida. Esto supone que a partir de ahora, 900 instalaciones ya no tienen que tramitar un expediente que costaba en torno a los 600 euros y que tardaba 8 meses en tramitarse.

También destacaba, dentro de ese paquete de medidas simplificadoras, la reducción de requisitos previos, como es cambiar una autorización por una comunicación y allí donde no queda más remedio que autorizar, admitir una declaración responsable para poder comenzar actividades antes de la autorización. Medidas, todas ellas, que afectan a sectores como las licencias municipales de actividad, al sector de los residuos o de gestión de los montes. Hay otras medidas tan sencillas como la de aumentar el plazo de validez de algo que autoriza el INAGA, que pasa de los 5 a los 10 años.

Por su parte, Modesto Lobón, resaltaba la labor del INAGA en la limpieza de los ríos, algo que actualmente está muy demandado a raíz de las últimas riadas pero que siempre ha sido una necesidad objetiva. Al respecto explicaba que dicha labor corresponde a la CHE pero el permiso para realizarla corresponde al INAGA.

Las cifras indican que en 2011 se han tramitado 22 expedientes de más de 20 actuaciones de 18 cauces fluviales, en 2012 fueron 44 actuaciones de 33 cauces fluviales,  y en estos momentos se ha tramitado 109 expedientes, y la mitad ya está realizadas.

 
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