Para CHA derribar el edificio de la calle San Salvador es lo más barato para el propietario

Chunta Aragonesista Huesca considera que con el edificio que se está derribando en la calle San Salvador "se está asistiendo al enésimo episodio de destrucción del patrimonio de la ciudad". Consideran que un edificio catalogado en el emblemático entorno de San Pedro el Viejo está cayendo bajo lo que denominan "la acción de la piqueta", seguramente con la voluntad de ser sustituido por un anodino edificio de nueva construcción que romperá una imagen histórica.

Desde esta formación consideran que este nuevo episodio sólo se basa en soluciones simplistas, busca aumentar los márgenes de especulación urbanística y acaba de forma irremediable con una parte de nuestro patrimonio cultural colectivo.

“Nos vemos obligados a denunciar la reiterada desidia que, desde las esferas políticas gobernantes del Ayuntamiento PP-PAR-PSOE y desde los servicios técnicos municipales, ha permitido llegar al actual estado de cosas”, ha afirmado Miguel Solana, coordinador de CHA-Huesca.

Añaden también que lamentan las prácticas, reiteradamente aplicadas en la ciudad, por la empresa Masari para aumentar hasta lo infinito sus afanes especuladores, y que sigan teniendo margen de maniobra. Señalan también que su habilidad para acogerse a todos los resquicios legales no tendría cabida con una legislación más estricta en la protección del patrimonio, ni con un servicio de disciplina urbanística que de verdad velara por la conservación del mismo.

Según esta formación política, nunca debería entenderse como parece hacer la alcaldesa que el bien está protegido pero poco. La legislación dice textualmente “En ningún caso la declaración de ruina autorizará a la demolición del Bien de Interés Cultural. La Administración de la Comunidad Autónoma colaborará con los municipios en las obras de conservación que excedan de los deberes legales del propietario”.

Finalmente quieren desmentir la impresión trasmitida de que el derribo es la única solución posible. Para Miguel Solana, “es la única solución barata, provechosa para la propiedad y costosa para el patrimonio de la ciudad, y entendemos que, por parte del Ayuntamiento, debiera haberse realizado una inversión lo cuantiosa que hubiese sido necesaria para conservar el edificio”.

Dicen también que como manda la legislación la factura la debería pagar la empresa propietaria.

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