Ecologistas en Acción exige controles que garanticen el derecho de la población al uso del acuífero de Graus

Ecologistas en Acción-Onso en Ribagorza ha presentado al Ayuntamiento de Graus un escrito tras conocer las reuniones de trabajo que han mantenido el propio consistorio con Gobierno de Aragón y Grupo Pascual con el objetivo de tratar de reabrir la planta embotelladora que se cerró en 2009. Solicitan información acerca del catálogo de sondeos existentes y concesiones en trámite de aprovechamiento de aguas subterráneas, descripción de las actuaciones que la empresa realizó en el sondeo del que se suministraba la planta y estudio de viabilidad económica que justifique la reapertura de la instalación.

En el escrito, Ecologistas en Acción, explica que se trata de un acuífero de gran importancia en la comarca del que se suministran varios núcleos habitados del propio municipio de Graus y otros limítrofes.

Recuerdan el sondeo realizado en junio de 2005, del que se alimenta Torres del Obispo, y que ocasionó alteraciones en el régimen del acuífero hasta el punto de ser necesario un tratamiento de carácter urgente.

Por todo ello, consideran, se precisa de un riguroso seguimiento y control que garanticen el derecho de la población al uso de ese acuífero sin que, esta exigencia, entre en colisión con una explotación industrial.

Apuntan también la falta de información acerca de las actuaciones que la empresa propietaria realizó con intención de aumentar la producción, la necesidad de considerar la repercusión, que puedan tener en este acuífero, las concesiones de estudio para la explotación de hidrocarburos que están concedidas, además de realizar un control estricto de cuantos sondeos y concesiones haya en la zona de recarga del sistema hídrico.

Desde este grupo ecologista consideran que puede ser sorprendente, para una parte de la ciudadanía, que una empresa que, hace cuatro años, dejó de ser rentable, en tiempos de bonanza económica, vaya a dar beneficios en recesión.

Exigen también al consistorio que promueva la exposición pública del vigente estudio de protección del acuífero y las repercusiones que otras explotaciones podrían tener sobre él. Consideran oportuno la organización de unas jornadas técnicas sobre explotación de aguas subterráneas donde se pueda debatir la realidad de esas actuaciones e incluso las derivadas de otras actuaciones extractivas.