Ecologistas en Acción solicitan información del estado de los permisos Turbón y Carlota
Hace unas fechas, Ecologistas en Acción Ribagorza remitían, al consistorio grausino, un escrito en el que solicitan información acerca del estado en el que se encuentran los permisos de estudio para una posible explotación petrolífera en la Ribagorza, Turbón y Carlota, otorgados por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón hace tres años.
En el escrito exponen que de ambas órdenes (de 19 de mayo y de 12 de noviembre de 2010) se desprenden obligaciones que las empresas concesionarias tienen el deber de comunicar al organismo concesor. Apuntan que, además, para la aprobación de cada plan de labores, la dirección de energía y minas debe solilcitar los informes que considere pertinentes, en especial, al ógano ambiental y a los municipios afectados.
Además, recuerdan que al comienzo de cada uno de los años de vigencia del permiso deberá presentarse una memoria de los trabajos ejecutados, así mismo, cada plan de labores contendrá una memoria anual de restauración.
Ecologistas en Acción considera que el Ayuntamiento de Graus, en el cuarto año de concesión de los permisos, es conocedor de toda esa información y también de las obligaciones que se derivan hasta la extinción del permiso concedido, por ello, solicitan al consistorio información acerca de los trabajos realizados y las zonas objeto de estudio y el informe del ayuntamiento para la aprobación del plan de labores de los tres años ya transcurridos.
También solicitan, de cara a futuras actuaciones, que los servicios técnicos y jurídicos garanticen el cumplimiento de lo establecido en la orden de concesión y qye las acciones puedan ser consultadas. Para ello, consideran imprescindible conocer la localización de los sondeos previstos y la información pública a los núcleos afectados.
Por último, solicitan al ayuntamiento que se convierta en enlace entre los posibles afectados y las empresas concesionarias y que sea la secretaria/intervención municipal la que asesore a la población afectada sobre sus derechos.