El fiscal no acusará a Jacobo Morlán de prevaricación al no ver delito en sus actuaciones

La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha resuelto que no ha lugar a la apertura de juicio oral contra el anterior jefe de los bomberos, Jacobo Morlán, tras estudiar todas las pruebas presentadas por su abogado Ricardo Orús, decidiendo archivar la denuncia penal por prevaricación, que había presentado contra Morlán el ayuntamiento de Huesca. El ayuntamiento tiene unos días de plazo para que confirme si, a pesar de esa prueba, mantiene la acusación, aun a sabiendas de que la fiscalía lo considera inocente. Orús asegura que esta decisión pone de manifiesto que lo que hubo contra Jacobo Morlán fue una "caza de brujas", en un intento por quitarlo de en medio de su puesto al frente de los bomberos.

La instrucción de este caso ha durado algo más de tres años. Durante este tiempo, Orús ha ido presentando diferentes pruebas de que esa denuncia era inexistente e incluso falsa. El fiscal, razonando todas esas pruebas que se le presentaron, reconoce que la forma de actuar de Jacobo Morlán no era constitutiva de delito, y que además era conocida por el ayuntamiento.

La compra de material para el cuerpo de bomberos se llevaba a cabo a cargo de partidas. Cuando éstas se acababan, si era necesario realizar alguna nueva compra de ese material, se realizaban facturas en las que se cambiaba el concepto de lo adquirido, con cargo a otras partidas. La instrucción y todas las pruebas presentadas han venido a demostrar que el ayuntamiento de Huesca era conocedor de estas prácticas, y daba el beneplácito para actuar así, algo que habría ocultado en la denuncia.

Una prueba, incluso, demostró que había habido una reunión con los administradores del ayuntamiento para abordar ese tipo de compras, y todos sabían que el concejo permitía estas actuaciones. De hecho, el abogado Ricardo Orús ha confirmado que el 90% de los empresarios que fueron llamados a declarar por haber vendido material a los bomberos, confirmaron que en el consistorio conocía esta forma de actuar y añadieron que es una práctica habitual en absolutamente todas las administraciones.

Según el letrado, el equipo de gobierno actual en el ayuntamiento de Huesca, diferente al que presentó esta denuncia, tendrá que tomar una decisión al respecto, al mismo tiempo que Morlán podría pedir responsabilidades al equipo de gobierno anterior.

Este proceso penal es diferente del administrativo. En ese caso, el ayuntamiento, por los mismos hechos denunciados penalmente, abrió a Morlán un expediente disciplinario. Ahora se está a la espera de la resolución que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En el supuesto de que no se pronuncie antes del próximo 24 de octubre, Jacobo Morán debería incorporarse ese mismo día a su puesto de trabajo, puesto que es cuando se cumple el plazo de la sanción.

ANTECEDENTES

Un decreto de alcaldía de Fernando Elboj del 15 de enero de 2010 apartó 3 años y 6 meses a Jacobo Morlán por incumplir, según se indicó, órdenes de Luis Felipe cuando era edil de Seguridad Ciudadana.

A partir de ahí se inició un largo proceso judicial que ha ido teniendo varias actuaciones y sentencias. En febrero de 2011, el juez de Huesca anuló parte del decreto y sí admitió una sanción de 6 meses de empleo y sueldo pero rechazó el resto de sanciones que se habían impuesto.

Posteriormente, también en febrero, el ayuntamiento anunció que recurriría la sentencia que anulaba la parte sustancial de la sanción y presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En abril de 2011, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo denegó la petición de Jacobo Morlán, para que ordenara al ayuntamiento su reincorporación al servicio. El auto, según indicaron fuentes municipales, señalaba que no cabía la ejecución provisional de la sentencia y, quedó sin efecto, su regreso.

Mientras los expedientes seguían en los juzgados en la parte Administrativa, han ido pasando los días y se han cumplido más de tres años y medio de inhabilitación de empleo y sueldo.

Al mismo tiempo, y junto a la sanción administrativa, el ayuntamiento presentó una denuncia penal por prevaricación, que ahora ha sido desestimada.

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