El PP en Almudévar afirma que defenderá el derecho al descanso ante los ruidos de las disco-móviles

El Justicia de Aragón se dirigió al Ayuntamiento de Almudévar al menos tres veces para defender los derechos de los vecinos ante los niveles de ruido que venían sufriendo. Las quejas vecinales se produjeron a raíz de una doble circunstancia. En primer lugar, las discomóviles instaladas en la plaza de España en fines de semana no coincidentes con las fiestas patronales y actividades musicales (disco móviles y grupos alternativos) celebradas durante las fiestas, que en ambos casos funcionaban hasta altas horas de la madrugada, sin dar opción al descanso. Por otra parte, el Ayuntamiento ha estado cediendo un local de propiedad municipal, sin ningún tipo de insonorización ni medidas de seguridad, para fiestas privadas. El local se encuentra a pocos metros de una residencia de ancianos. Las quejas elevadas al Ayuntamiento por los particulares no tuvieron efecto alguno.

Los ‘populares’ de Almudévar mantuvieron contactos con los vecinos afectados y, al margen de otras iniciativas, aconsejaron que el asunto se pusiera en conocimiento del Justicia de Aragón. La institución acusó recibo de inmediato y solicitó información al Ayuntamiento. En ese primer comunicado, el Justicia califica de “sorprendente” la respuesta municipal a los afectados, según la cual la Ordenanza Municipal de Ordenanza Ciudadana carecía de validez. Poco después, el 22 de agosto, la oficina del Justicia decidió enviar un segundo escrito para esclarecer “el enrarecimiento del clima vecinal”. La institución señalaba expresamente que “desde determinados ámbitos se fomenta cierta animadversión hacia personas que, en su momento, presentaron reclamaciones ante ese ayuntamiento por las considerables molestias que genera la celebración de discomóviles y fiestas en la Plaza de España”. De hecho, la carta remitida al alcalde por la oficina del Justicia señalaba que los afectados no habían solicitado en ningún momento la supresión de las fiestas.

La comunicación al ayuntamiento de Almudévar incluía datos concretos sobre una medición realizada por el Seprona en dormitorios de viviendas a las 5 h de la madrugada, que registró 63 decibelios frente al límite de 30 decibelios fijado en la Ley de protección contra la contaminación acústica. La carta incluye una prolija relación de doctrina legal sobre el derecho de los vecinos al descanso.