IU pregunta al Gobierno de Aragón por el aumento del presupuesto en el Palacio de Justicia

Izquierda Unida de Huesca ha solicitado información al Departamento de Presidencia y Justicia sobre la modificación del contrato de las obras de ejecución del Palacio de Justicia de Huesca que ha supuesto un incremento de casi medio millón de euros sobre el presupuesto inicialmente previsto. Para ello, el portavoz de IU en la Comisión del ramo, Adolfo Barrena, ha formulado dos preguntas al consejero Roberto Bermúdez de Castro en relación con las razones que justifican la necesidad de modificar el contrato para la construcción del nuevo edificio de la Audiencia Provincial y Juzgados de Huesca y, a la vista de ellas, dilucidar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de las mismas.

La adjudicación de las obras de ejecución del Palacio de la Justicia de Huesca se hizo conforme al proyecto elaborado por el Estudio de Arquitectura Olano y Mendo S. L. P. Una vez en marcha las obras, el pasado 18 de octubre el Gobierno de Aragón publicó en el BOA el anuncio de la modificación del citado contrato de obras, adjudicada por un importe de 467.353,68 euros a la UTE Juzgados de Huesca.

El informe que justifica dicha modificación señala, para justificar la necesidad de la misma, la imprevisibilidad en el Proyecto inicial de diversas cuestiones, señalando tres grupos de causas, el primero de los cuales hace referencia a “causas sobrevenidas como consecuencia de la falta de definición y especificación de algunas de las instalaciones proyectadas, para cuya ejecución es necesaria una mayor precisión y detalle”.

Para Izquierda Unida, las razones en las que se fundamenta este incremento de casi medio millón de euros en el presupuesto “no están suficientemente justificadas” toda vez que la falta de definición en el proyecto original no puede calificarse como un hecho imprevisible. Por ello, y por si pudiera derivarse alguna responsabilidad por una deficiente redacción del proyecto, solicita al Consejero de Justicia que explique cuáles son las instalaciones que han obligado a instar la modificación del contrato y cuál es el importe que supone su mayor definición y, en su caso, si su Departamento va a pedir alguna responsabilidad al gabinete redactor del proyecto por dichas indefiniciones.