Opinión: La ley de régimen local es mejorable y trabajaremos para enmendarla

Una ley puede ser enmendada en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Y es ahí, donde tenemos el compromiso del Partido Popular de corregir algunas cuestiones concretas sobre la ley de bases de régimen local que atiendan las singularidades aragonesas. En cuestiones de este tipo es donde resultan vitales los tres senadores del PAR. Así se lo solicitamos a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santamaría, que hasta la fecha, ha sido una diligente cumplidora de todos los acuerdos a los que hemos llegado.

No basta con que se incluya una mención de forma genérica a otras formas de administración local, es necesario el reconocimiento expreso con el consiguiente reconocimiento de las competencias que éstas pueden ejercer en virtud de las competencias que le otorgue la legislación autonómica.

El territorio es una singularidad. Es un hecho diferencial al que hay que responder debidamente de forma diferente en cada comunidad. Nuestro Estatuto de Autonomía nos otorga competencias en la ordenación territorial incluyendo un modelo propio que ha sabido adelantarse al problema que pretende subsanar esta ley nacional, que es otro que la dificultad de los pequeños municipios para prestar servicios de calidad al ciudadano.

Ya os anticipo que hemos dado instrucciones a nuestros tres senadores para que vayan preparando las enmiendas que presentaremos en la cámara alta para mejorar algunas cuestiones de la ley.

Importante es la cuestión de las comarcas que nos permita ahondar en un modelo de prestación de servicios supramunicipal que ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos.

Pero importante es igualmente, que se afronte, de una vez, el debate olvidado de la financiación de las administraciones locales. En el proyecto de ley ha prevalecido la condición de Ministerio de Hacienda sobre la de su segundo apellido de Administraciones Públicas. Es una ley en la que se imponen criterios de ahorro económico y búsqueda de la eficiencia monetaria, pero no se afronta el debate de la necesaria revisión del modelo de financiación de las haciendas locales. Esa es una cuestión que hemos reclamado de manera permanente en todos los foros en los que hemos estado presentes, como en la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Hay que reconocer que la ley, tras varios borradores, ha ido limando muchas de las cuestiones que limitaban la autonomía administrativa de los ayuntamientos y comarcas, que no la política, que tiene la comunidad autónoma. Sobre ésta sí invadía algunas competencias de coordinación y ordenación de servicios y competencias.

Se ha impuesto el debate de los sueldos máximos, polémica que importa poco en Aragón, donde la inmensa mayoría de nuestros casi doscientos alcaldes ponen dinero para prestar el servicio público. Nos mueve nuestro amor por nuestros municipios y compromiso con los ciudadanos.

Se suprime la fusión de municipios que pasa a ser voluntaria, lo que la dejará sin efectos.

Y en cuanto a la polémica baremación del coste efectivo de un servicio, se fijan unos criterios informativos y se deja que sean los municipios los que propongan la mejor forma de lograr el objetivo de prestación del servicio apoyándose en otra entidad supramunicipal a la que cederán esa misión de tutela. Se elimina el previsto intervencionismo activo del ministerio. Ya sabéis que ahí nuestra intención es que sea la comarca, por tratarse de una administración más cercana al ciudadano. No obstante, sí que será el ministerio quien autorice esa encomienda de gestión tras informe preceptivo, peor no vinculante, de la Comunidad Autónoma. El reconocimiento de nuestras comarcas y de las competencias propias de nuestra comunidad en la ordenación territorial debería permitirnos que esa decisión no se adopte en Madrid, si no en Aragón. En esa línea incide el borrador de ley de redistribución de competencias que hemos pactado con el Partido Popular.

En el texto se aplaza a la reforma de las haciendas locales la trasferencia de las competencias educativas municipales a las comunidades y sí se prevé ésta en el ámbito de las competencias de participación en la gestión de la atención primaria y servicios sociales.

En definitiva, nuestras enmiendas irán en el sentido de urgir a la necesaria mejora de la financiación local y al reconocimiento de nuestra estructura territorial propia para garantizar mejores servicios públicos.

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