El Gobierno de Aragón decidido a acometer la segunda fase del vertedero de Bailín

El alcalde de Sabiñánigo, Jesús Lasierra, en nombre de todos los grupos municipales envío un escrito al consejero Modesto Lobón solicitando que se incluya una partida en los presupuestos autonómicos de 2014, para la actuación de la segunda fase del vertedero de Bailin , ya que en el borrador de los presupuestos generales del Gobierno de España no aparece ninguna. A esto se une la extrema preocupación del primer edil serrablés, en actuar en los terrenos donde están ubicados los edificios de la desaparecida Inquinosa y que el Ejecutivo Aragonés ha comprobado que están contaminados en el centro de la localidad.

Lasierra en declaraciones a Radio Sabiñánigo ha comentado que la semana pasada recibió contestación al respecto en que mostraba su determinación acometer las segunda fase el próximo año, ya que se requiere hacerlas en buen tiempo, por lo que serían a partir de junio.

El propio Modesto Lobón a la SER de Aragón, ha ratificado esta determinación, ya que si el Gobierno Central no aporta su financiación o se firma un nuevo convenio, se lo adelantarán de los fondos autonómicos.

Para solucionar el goteo tóxico hacia los acuíferos, las administraciones han construido un nuevo vertedero bien impermeabilizado al que se tenía previsto a trasladar los desechos de Bailín. El movimiento estaba programado entre mayo y octubre de 2013, pero no ha podido ser, mientras se controlaban las filtraciones. Las obras cuestan 19 millones de euros.

El vertedero de Sardas se quedará como está, goteando. Desde 2005, las arcas públicas han desembolsado 1,5 millones de euros cada año para minimizar las fugas tóxicas en Bailín y otros 500.000 euros anuales en Sardas. Pero todas estas actuaciones son, básicamente, parches, hasta que aparezcan los 200 millones de euros que permitan descontaminar de verdad la zona.

Inquinosa, fue condenado a dos meses de cárcel y un millón de pesetas de multa en 1994, como responsable último de los vertidos de plaguicida lindano con los que la empresa contaminó el Gállego y el vertedero de Bailín en Sabiñánigo, entre 1975 y 1990. En el 2003, la empresa fue condenada por lo civil a pagar 6,5 millones que la DGA aún no ha conseguido cobrar. Mientras, los residuos siguen sin ser trasladados.