UGT interpone 56 demandas por dejar sin efecto la actualización de las pensiones de 2012

Dentro de los actos de la movilización europea convocada para este 23 de noviembre, bajo el lema “Emplea tu fuerza. Defendamos lo público. Defendamos a las personas. Defendamos las pensiones”, UGT Huesca ha celebrado una charla informativa sobre el contenido del Proyecto de ley del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización Automática del Sistema de Pensiones de la Seguridad en la que ha analizado el contenido y la repercusión de esta Reforma de las pensiones en los pensionistas presentes y futuros.

En materia de pensiones, la Asesoría jurídica de UGT en Huesca, tomo la iniciativa jurídica sindical en marzo de 2013 e interpuso 56 demandas individuales en el Juzgado de los Social por dejar sin efecto la actualización de las pensiones de 2012 que se harían efectivas en 2013 por la aplicación del Real decreto ley 28/2012 de 30 de noviembre de “Medidas de consolidación y garantía del sistema de pensiones”.

Casi a la par es admitido a trámite un recurso ante el Tribunal Constitucional de distintos grupos parlamentarios en el que se solicita la insconstucionalidad de la norma y su nulidad, así como el abono a los pensionistas de las cantidades dejadas de percibir por su aplicación. A raíz del recurso, según la normativa aplicable se suspenden los juicios , hasta que el Tribunal Constitucional resuelva.

El Proyecto de ley del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización Automática del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social tiene como principal objetivo la disminución inmediata y continuada de la cuantía de las pensiones. Mantiene como principales elementos: el Factor de Sostenibilidad y el índice de Revalorización de las Pensiones. El primer factor, el Gobierno retrasa la aplicación de este factor a 2019 y el segundo, persigue modificar las reglas para la revalorización de las pensiones, desvinculándola del IPC y acomodando la misma a la evolución de la situación financiera del Sistema.

UGT reitera que una nueva reforma de las pensiones es injusta e innecesaria, pues hay un Acuerdo vigente consensuado en 2011 por los interlocutores sociales y el Gobierno, y cuya vigencia comenzó este año, que garantiza la sostenibilidad del Sistema en el corto y medio plazo. Exige que cualquier modificación que se haga cuente con el necesario consenso social y político y, frente al recorte de las pensiones. Asimismo defiende otras alternativas, como el aumento de las aportaciones públicas por la vía de la financiación tributaria. El sindicato recuerda que el mayor incremento de los ingresos vendría derivado de un cambio radical en la política económica del Gobierno, de tal forma que se incentive la creación de empleo en lugar de aprobar una normativa laboral que facilita el despido

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