La figura del Justicia es incuestionable

PAR

La semana pasada nos referíamos a algunos planteamientos antiautonomistas que se realizan desde Madrid y que atacan determinadas instituciones aragonesas que conforman importantes señas de identidad de nuestro pueblo. Una de ellas es la figura del Justicia de Aragón. Consideramos que con una decapitación, la acaecida el 20 de diciembre de 1591, es suficiente.

El Justicia aragonés ha sido el garante de los derechos y libertades de los aragoneses durante siglos, pero su relevancia trasciende incluso a la figura histórica. Con el paso del tiempo, los derechos conculcados de los aragoneses no son ante un monarca si no ante la administración. Garantizado el derecho privado con la justicia ordinaria, los contenciosos con la administración son costosos y complejos, lo que impide que muchas cuestiones se sustancien. El Justicia es una herramienta que canaliza las quejas y demandas de los aragoneses en cuestiones que pueden parecer nimias, pero de enorme importancia para el que las padece. Es una garantía de justicia social.

Su cercanía facilita una mayor demanda de soluciones y su eficacia, con una resolución del 60% de los conflictos, es una garantía de confianza para los aragoneses. Así lo han valorado en alguna encuesta reciente sobre el entramado institucional en la que el Justicia es la cuarta institución más valorada. Su presencia física en el territorio propicia que muchos habitantes presenten quejas por primera vez, algo que nunca llegaría a Madrid.

No podemos entrar en comparaciones sobre el coste de la institución, de tan sólo dos millones, y confrontarla con el número de expedientes que tramita el defensor del pueblo, porque en la mayoría de los casos, no pasa de ahí, de su tramitación. La cuestión axial es qué institución es más resolutiva y cual es más demandada y ahí la proporción es de cinco a uno en favor del Justicia. Es una cuestión de calidad y cantidad, no de coste.

El contenido de la mayoría de las quejas ante una oficina de defensa ciudadana es relativo a sanidad, educación y prestaciones sociales, competencias que gestiona la comunidad autónoma. Desde un punto de vista funcional, parece lógico que las quejas sobre una administración autonómica las tramite una institución aragonesa.

Y además de resolver quejas de los ciudadanos, la institución ayuda a divulgar mejor el derecho foral aragonés, una de las señas de identidad más fuertes de nuestro pueblo y que refleja la forma en la que solucionamos nuestros conflictos civiles los aragoneses.

Las ansias reformistas de algunos centralistas deben encontrar nuestra más ferviente oposición en aquellas cuestiones que vulneren nuestro Estatuto de Autonomía y nuestras señas de identidad. Entre otras cuestiones, porque han demostrado ser bastante más eficaces y eficientes que la anquilosada maquinaria central, que sigue sin entender la singularidad de este país.