Cada vez está más cerca la Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana

La comunidad está un paso más cerca de una Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana. El Consejo de Gobierno daba este martes el visto bueno al anteproyecto de ley y a los dos conceptos que la regulan: transparencia pública y participación ciudadana entendidas como un derecho para acceder a aquella información que permita al ciudadano opinar, debatir, argumentar, formular propuestas y colaborar en los asuntos públicos.

Con esta norma el ejecutivo autonómico hace efectiva la normativa nacional aprobada a finales del año pasado y amplía las obligaciones de publicidad. El objetivo de todo esto es “promover un modelo de Gobierno Abierto”.

Esta ley “genera una nueva relación entre las Administraciones Públicas aragonesas y los ciudadanos” basada”en la predisposición absoluta a la transparencia de la actividad pública y en la promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas que impulse el Gobierno de Aragón”.

¿Quién estará obligado a ser transparente?

Las entidades que estarán obligadas a ser transparentes serán, entre otras, las siguientes:

• La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

• El Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social de Aragón.

• Las entidades que integran la Administración Local aragonesa.

• Los organismos autónomos y las entidades de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas aragonesas.

• Partidos políticos.

• Sindicatos.

• Organizaciones empresariales.

• La Universidad pública de Aragón y los entes dependientes de la misma.

• Las Corporaciones de Derecho Público de ámbito territorial aragonés.

• Las sociedades mercantiles con participación pública superior al 30%.

• Las fundaciones con más del 30% de participación pública.

• Las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón estarán obligados a ser transparentes, aunque respetando su autonomía.

• Cualquier entidad privada que perciba de las Administraciones Públicas aragonesas durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros

• Cualquier entidad privada cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención, siempre que las aportaciones de las Administraciones Públicas aragonesas alcancen, como mínimo, 25.000 euros.

¿A qué estarán obligadas?

Estas entidades deben, entre otras cosas, elaborar, mantener actualizada y difundir por medios electrónicos, la información que garantice la transparencia de su actividad.

Todos ellas tendrán que reflejar su estructura, funciones, sede… Pero, también, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidad. Además, el sector público hará públicos los convenios colectivos, ofertas de empleo, procesos selectivos… Y respecto al Gobierno, se podrán consultar datos biográficos, funciones, compatibilidades de cargos o las retribuciones que reciben por el ejercicio y los gastos de representación. También, las agendas públicas, el personal de confianza –con sus funciones y retribuciones- y el dinero que se destine a las campañas de publicidad institucional.

Como novedad, esta Ley exige al Gobierno elaborar un Plan por legislatura, con los objetivos que éste persigue y con una evaluación final. También serán transparentes las subvenciones, los contratos y subcontratos públicos y los convenios, con fechas, duraciones, objetos e importes.

El texto al que hoy dado el visto bueno el Consejo de Gobierno entiende la transparencia como un derecho que tiene el ciudadano. Por eso, con esta Ley se garantiza el derecho a solicitar esa información que no encuentra y que desea conocer. El ciudadano lo podrá realizar a través de cualquier medio: telefónico, electrónico… En cuanto a la respuesta de la Administración, primero recibirá un acuse de recibo y la respuesta definitiva llegará en el plazo de un mes. El silencio será positivo, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario. Las limitaciones estarán en la seguridad nacional, la protección de datos, etc. Pero siempre habrá una resolución de la petición.

Consejo de Transparencia

Esta Ley contempla la creación de un Consejo de Transparencia, un ente independiente del Gobierno que garantice la objetividad y el rigor de la información. No exigirá dedicación exclusiva y estará formado por:

• Dos diputados de las Cortes

• Un representante del Justicia de Aragón

• Un miembro del Consejo Consultivo

• Un representante de los entes locales

• Dos representantes del Gobierno de Aragón

Derecho a participar

Con la participación ciudadana que contempla esta ley se trata de implicar al ciudadano en las políticas que impulse el Gobierno de Aragón. Se realizará a través de procesos y mecanismos que permitan que sus opiniones se valoren y se reflejen en las políticas.

La participación ciudadana es un derecho que aparece en el Estatuto de Autonomía de Aragón y se fundamenta en los principios de igualdad, información, transparencia, pluralidad, tolerancia y corresponsabilidad. Por medio de ella se establecen cauces que fomentan la posibilidad de que los ciudadanos formen parte, de forma individual y colectiva, en las políticas. De hecho, esta misma ley es un ejemplo, ya que se abrirá un plazo de dos meses aproximadamente para que el que quiera pueda hacer sus aportaciones.

Todas las aportaciones se realizarán a través del Portal de “Aragón Participa” (www.aragonparticipa.es) y a través de actos presenciales. Como en los procesos en los que ya se ha podido participar y los que ya están en marcha, podrá participar cualquier ciudadano y habrá una fase de información, una de debate y otra de retorno. Lo que salga de esos procesos de participación tendrá carácter orientativo.