Un total de 168 ayuntamientos de la provincia solicitan ayudas al Fondo de Desarrollo Territorial y Rural de Aragón

Las 10 comarcas altoaragonesas y un total de 168 ayuntamientos de la provincia de Huesca han presentado solicitudes para las ayudas del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural de Aragón que cuenta con un importe global de más de 70 millones de euros.

Por tipología de la inversión, los Ayuntamientos han pedido, fundamentalmente, subvenciones para infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua (171 solicitudes) y servicios sociales (131 solicitudes).

En el caso de las Comarcas, destacan las solicitudes relacionadas con los servicios de recogida de residuos, las de Servicios Sociales, Protección Civil y las de servicios económicos.

La cuantía de las subvenciones oscila, en el caso de los municipios, entre los 6.000 y los 200.000 euros, pudiendo llegar excepcionalmente a los 900.000 euros en los casos en los que la inversión tenga un especial interés social.

En el caso de las Comarcas, la subvención mínima es de 30.000 euros para obras y 12.000 euros para equipamientos, mientras que la cuantía máxima es de 400.000 euros, llegando también de manera excepcional hasta los 900.000 euros, en función del interés social de la inversión.

Cabe recordar que los presupuestos de la Comunidad Autónoma recogen una partida de 20 millones de euros, cofinanciados por el Gobierno de Aragón y los fondos FEADER (12 para Comarcas y 8 para municipios), cuyo objetivo es contribuir a la generación de actividad económica y a la creación de empleo a través de la inversión.

Para su distribución se han establecido unos baremos que tienen en cuenta la evolución de la población (despoblación), el envejecimiento, la dispersión y el tipo de inversión propuesta por el solicitante.

Además, se tendrá en cuenta el número de municipios (en el caso de las Comarcas) y el número de núcleos urbanos (en el caso de los Municipios) beneficiados por la inversión. Igualmente se valora el efecto que la inversión tenga en la conciliación de la vida laboral y familiar y en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Finalmente también se tienen en cuenta las inversiones que supongan un ahorro para los gastos de funcionamiento de los servicios públicos.