El “oro” solar se hunde también en Huesca

placas solares energía solar

Los productores españoles de energía solar fotovoltaica, agrupados en Anpier, se manifestarán en Madrid este sábado 21 de junio frente al Ministerio de Industria, Turismo y Energía, para reclamarle al Gobierno del Partido Popular que no impida al Estado español cumplir con los compromisos que adquirió con 55.000 familias españolas, a las que animó a través de un Real Decreto y por medio de una campaña publicitaria, “El sol puede ser tuyo”, a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica.

En Huesca y provincia numerosos inversores en este sector han mostrado su preocupación por la situación que vive que es muy similar al resto de parques españoles. En el Altoaragón también se han encendido las luces de emergencia y se están produciendo importantes “tensiones de tesorería” ya que se siguen pagando las inversiones y el precio que se paga ahora por esa energía fotovoltaica no alcanza a cubrirlas. Las familias afectadas de Huesca y provincia se están movilizando para dar a conocer su problemáticas.

En Anpier en la provincia son cerca de 50 instalaciones

“Nos están rompiendo la salud, la familia, todo” es lo que han declarado algunos afectados en España.. Esto es un escándalo al nivel de las preferentes. El Gobierno estableció unos precios por la energía fotovoltaica que ha decidido bajar pese a nuestras inversiones. Es una indefensión jurídica brutal». Es como si te apuntas a un concurso de cartas y en plena competición se cambian las normas.

Los últimos datos del Gobierno apuntan que las fotovoltaicas ingresarán de media un 40% menos cuando se apliquen las primas anunciadas en la nueva legislación eléctrica, que reducirá considerablemente el precio por kilovatio que tenían asegurado las renovables.

El Estado español, según la asociación Anpier, recomendó a sus ciudadanos que, en un escenario especulación inmobiliaria y bursátil (2004-2007), optarán por destinaran sus ahorros familiares a un fin ético, como era la generación de energías renovables, con lo cual se podrían alcanzar los compromisos internacionales de Kioto y los objetivos de la UE en materia medioambiental. Una inversión que se promocionó por el Estado como rentable, muy segura y socialmente comprometida, por lo que el propio Ministerio no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80% de coste de las instalaciones[i].

A los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, se inició un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades pactadas entre el Estado, con recortes acumulados que alcanzan el 50% de los ingresos que se garantizaban y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores, que siguiendo las sugerencias financieras del Ministerio, se endeudaron

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