Oliván: “Mejoraremos el IAI todo lo que haga falta para que llegue a quien más lo necesita”

El consejero Ricardo Oliván defendía la modificación de los criterios del Ingreso Aragonés de Inserción en su visita las instalaciones de Cáritas en Monzón. Oliván asegura que están abiertos a mejorar la nueva ley con el objetivo de que llegue a los más necesitados. Recientemente Cáritas Aragón, con cuyo representante visitaba las instalaciones de Monzón, denunciaba que esta renta básica sólo llega a un 7% de quien lo necesita en Aragón y que con el nuevo IAI la “garantía de los recursos mínimos de subsistencia quedará supeditada a que pueda hacerse efectiva su financiación”.

En su manifiesto Cáritas también se quejaba de falta de participación. El consejero explicaba en su visita a la capital montisonense que “de hecho es con Cáritas, entre otras entidades sociales de Aragón, con quien se están realizando reuniones de trabajo muy fructíferas desde hace tiempo para repasar la ley, su terminología, aclaraciones, definiciones y excepciones”. Unas reuniones que asegura, harán mejorar la ley para ser enviada a las Cortes, porque “nuestro fin último es que el IAI llegue a quien más lo necesita”.

Esta prestación nació para atender a personas en claro riesgo de exclusión y como recurso orientado a cubrir sus necesidades básicas mientras recorrían un proyecto de inclusión. El Departamento de Sanidad y Bienestar social considera que se ha visto desvirtuada en su objeto inicial por la aparición de nuevos perceptores que acceden a ella no por encontrarse en una situación estricta de exclusión, sino “simplemente porque han perdido su empleo y agotado las prestaciones y subsidios”. Estas personas lo que en realidad demanda, añaden, es la reinserción laboral y no un plan de inserción como se concibe tradicionalmente.

Con la nueva ley se diferencian dos itinerarios no incompatibles, explican: para las personas socialmente excluidas y para quienes por falta de trabajo pueden verse en riesgo de exclusión a corto y medio plazo.

También se pretende asegurar la protección social a determinados colectivos en situación de precariedad social, prevenir la aparición de nuevas bolsas de pobreza y marginación, fomentar la iniciativa social apoyando proyectos innovadores en esta materia, consolidar la red de entidades que desarrollan acciones que favorecen la inclusión social, definir nuevas metodologías de trabajo con colectivos excluidos o en riesgo de exclusión y mejorar los procesos administrativos -solicitud, concesión y posible renovación-. Asimismo, se persigue impulsar la coordinación interadministrativa en políticas contra la exclusión social.