PP y PAR presentan dos proposiciones ley para modernizar la administración local y para actualizar los derechos históricos de Aragón

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Luisa Fernanda Rudi y el presidente del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, José Ángel Biel, han presentado una proposición de ley sobre distribución de responsabilidades administrativas entre las entidades locales, con la que se pretende modernizar las mismas, garantizando la prestación de servicios públicos de calidad de una manera más eficaz y eficiente. Por su parte, la actualización de los derechos históricos de la comunidad reclama su condición foral y refuerza las principales señas de identidad de Aragón

En la exposición de la ley de distribución de competencias administrativas se ha recordado que la Ley 27/2013 de Racionalización y simplificación de la Administración local ha modificado la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, una reforma en la que se reconoce expresamente un modelo territorial propio de Aragón, fruto de los acuerdos de la Comisión Bilateral de cooperación Aragón-Estado, y que viene a reconocer la singularidad territorial de la comunidad recogida en su Estatuto de Autonomía.

En definitiva, siguiendo los principios de eficacia, subsidiariedad y sostenibilidad de la organización territorial, garantizar los servicios públicos de competencia local en una Comunidad de 731 municipios, en la que más del 70% no llegan a 500 habitantes, contribuyendo así a la lucha contra la desertización demográfica.

Otros de los aspectos esenciales de la propuesta es garantizar por ley la autonomía local, el fomento de la participación ciudadana, la coordinación y colaboración entre Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones.

Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón

La segunda de las proposiciones de ley alude a la necesaria actualización de los derechos históricos de Aragón, reconocidos en su Estatuto de autonomía y en la Constitución Española de 1978, con los que se pretende el reconocimiento de la condición foral de Aragón, por legitimidad histórica, reforzando su nacionalidad histórica.

El texto pretende aportar una visión moderna y pragmática de su estatus político, derecho civil propio, territorio y cultura, insertado en un proyecto común de nación española, donde se reclama el reconocimiento de monarquía fundacional, a la vez que se refuerza y protege la identidad aragonesa. No pretende recuperar instituciones del Antiguo Régimen, pero sí constatar que el reino contó con una monarquía propia, un príncipe heredero (el Príncipe de Gerona), autoridades legislativas, gubernativas y jurisdiccionales, órganos de control económico y una poderosa base de organización local, en base a municipios y comunidades, embriones de las actuales comarcas.

La persistencia del derecho foral propio tras los decretos de nueva planta, así como el mantenimiento de una cultura y un territorio inalterado desde el siglo XVIII otorgan a Aragón una personalidad con consecuencias jurídicas.

La ley promueve igualmente la creación de la Academia aragonesa de la Historia, institución con la que se pretende aportar rigor histórico a nuestro pasado milenario. Un tiempo en el que Aragón contó con importantes instituciones históricas, como, además de las citadas de la corona, el Justicia, vigente durante más de cuatro siglos y que ha realizado importantes aportaciones a la concepción del derecho moderno, la Diputación general del reino, creada en 1362, el Consejo de Aragón, la Audiencia, el Maestre Racional, una especie de interventor general, y sus Cortes de Aragón, que supuso un avanzado sistema parlamentario de referencia internacional. Igualmente se reconoce la estructura jurisdiccional de Aragón vigente durante más de cinco siglos y que inspira el actual entramado nacional.

La prevista entrada en vigor de la ley será el próximo Día de Aragón, 23 de abril de 2015.