Continúa la recepción de viviendas para alquiler social, ahora con posibilidad de reforma

En su visita a Huesca el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón valoraba con la alcaldesa oscense el funcionamiento de la Bolsa de Alquiler Social, tras la aprobación del Plan Aragonés para el Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación urbanas (2014-2016) en el último Consejo de Gobierno. En esta iniciativa, en la que se incluye la destinada a garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades, colabora también el Ayuntamiento de Huesca mediante la aportación de nuevos inmuebles para atender la demanda de los ciudadanos. Una cooperación que se deriva del convenio firmado en marzo de 2013 entre ambas administraciones en materia de mediación de deuda hipotecaria y alquiler social y que desde el pasado mes también acepta viviendas con necesidad de rehabilitación.

Con respecto a la Bolsa de Alquiler Social, Fernández de Alarcón cree que están consiguiendo las viviendas “para atender a todas las necesidades, que vamos resolviéndolas”. Tras una primera fase de admisión de inmuebles disponibles para su alquiler inmediato y una segunda en la que se recepcionaban también las que requerían de actuaciones de rehabilitación, posibilidad que todavía está vigente, el consejero explicaba que “dentro de muy poco tengamos las viviendas suficientes”.

Según recoge el acuerdo firmado, las viviendas deberán estar ubicadas en el ámbito territorial del municipio de Huesca, cumplir las condiciones de habitabilidad vigentes, disponer de un equipamiento doméstico indispensable para realizar las funciones básicas de habitabilidad de la unidad de convivencia, así como disponer de las instalaciones mínimas necesarias asociadas a los suministros de agua y energía y no estar arrendadas, ocupadas, ni sometidas a limitación que impida su cesión.

Los beneficiarios de una vivienda social deberán comprometerse a destinarla a residencia habitual y permanente, así como a abonar una renta por la vivienda, y a cuidarla y mantenerla en debidas condiciones de uso y conservación. Asimismo, la renta máxima a abonar por el arrendatario será de 3 €/m2 útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40% de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social.

De esta forma, ambas administraciones aúnan esfuerzos en beneficio de los ciudadanos que necesiten de una vivienda con alquileres adaptados a sus ingresos en una iniciativa que permite la aportación de viviendas por parte de particulares que decidan darles un uso con las garantías de cobro y de mantenimiento del inmueble del Gobierno de Aragón. 

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