Dos hombres detenidos por delitos contra los derechos de los trabajadores y abusos sexuales

El dueño y el administrador de un negocio de hostelería del Bajo Cinca eran detenidos por la Guardia Civil como supuestos autores de un delito de abusos sexuales y contra el derecho de los trabajadores. Al dueño del local también se le acusa de otro delito de provocación sexual a menores y amenazas.

Las mujeres trabajaban en un establecimiento hostelero de la Comarca del Bajo Cinca. Seis de ellas, una menor de edad (17 años), habían denunciado las condiciones laborales en las que tenían que trabajar, sin contrato laboral, sin alta en la seguridad social, durante más horas de las pactadas verbalmente y sin haber recibido ningún salario por el trabajo prestado. Tal era la situación de abuso que la mayoría de las víctimas abandonaba el puesto de trabajo a los pocos días.

La investigación, enmarcada en la operación COMARFIL, se iniciaba el pasado mes de agosto, tras la denuncia de una de las mujeres, que manifestaba haber estado trabajando un mes y medio en dicho establecimiento, habiéndole prometido unas condiciones laborales que nunca se llegaron a cumplir, realizando todo tipo de comentarios sexuales dirigidos hacia la mujer de contenido sexual, llegando a efectuar tocamientos.

Tras esta denuncia, se iniciaba la investigación por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, localizando a otras cuatro víctimas, que también denunciaron haber sufrido situaciones similares.

Al parecer uno de los detenidos se dedicaba a enviar imágenes pornográficas al móvil de la denunciante e incluso presumía en las redes sociales de tener contratadas en su establecimiento a mujeres muy guapas.

Ante estos hechos, la Policía Judicial de Fraga, junto con el Equipo de personas de Policía Judicial de Huesca, y el de Inspección de Trabajo en Huesca, efectuaban una inspección en el local que se saldaba con la detención de dos hombres: un vecino de Alcarrás (Lérida) de 67 años y otro de 35 años, vecino de Lérida.

Las diligencias han sido instruidas por Policía Judicial de la Guardia Civil de Fraga y entregadas en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de la capital del Bajo Cinca. El juzgado decretó la libertad con cargos, con obligación de personarse en el juzgado cada 15 días.