IU reclama la intervención de Bruselas en el caso del lindano

La eurodiputada de IU, Ángela Vallina, advierte que la contaminación por lindano del río Gállego, además de ser un asunto de “extrema gravedad”, puede implicar el incumplimiento de hasta cuatro Directivas Europeas que regulan la calidad y estado de las aguas. Por ello, ha trasladado al Europarlamento una solicitud de información para conocer si las medidas de control en el Gállego cumplen correctamente la normativa europea y si se está garantizando la sanidad y calidad del agua de consumo humano con que se abastecen las 23 poblaciones que toman aguas del río para su red de suministro.

El grupo parlamentario IU Aragón, que califica la situación como “alarmante”, ha trasladado su preocupación a su grupo en el Parlamento Europeo, quien, a través de Ángela Vallina, ha preguntado a la CE si va a exigir un estudio epidemiológico.

“El peligro para la salud pública es más que evidente tras la prohibición a los vecinos de estos municipios de beber agua del grifo y a esto hay que añadir el peligro para la flora y fauna, para el ecosistema y las zonas que bañan sus aguas y para los cultivos que son regados por las mismas”, señala el portavoz de Medio Ambiente de IU en las Cortes, Miguel Aso, para recordar que “el Gállego vierte sus aguas al río Ebro y este desemboca en una zona protegida, el Delta”.

Además, Izquierda Unida se suma a las voces que protestan por la falta de información ante lo sucedido. Por una parte, este aumento considerable de los niveles de este insecticida tóxico detectados coincide con los trabajos para el desmantelamiento del vertedero de Bailín y, por otra, el Gobierno de Aragón lo achaca a las tormentas de hace unas semanas. “Debemos conocer el origen de este incremento”, señala Aso parar advertir que “los efectos negativos del lindano en nuestro territorio pueden ser mayores de los valorados inicialmente”.

La eurodiputada de IU recuerda que “quien contamina, paga”. Un principio recogido en una directiva europea que establece un marco común de responsabilidad ambiental con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los animales, las plantas, los hábitats naturales y los recursos hídricos, así como los daños que afectan a los suelos. Sin embargo, la empresa vasca Inquinosa cerró sus puertas y dejó abandonada la fábrica y los residuos tóxicos generados sin que nadie le exigiera que pagara la factura social, medioambiental y los elevados costes que conlleva la limpieza y descontaminación integral que, según calcula la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, asciende a 100 millones de euros.