IU Monzón pide que el Ayuntamiento se oponga a la tasa a las bibliotecas

Izquierda Unida en Monzón ha presentado una moción para su debate y aprobación, si procede, en el próximo pleno, relativa a las tasas a las bibliotecas. Piden que se rechace el canon establecido en el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, instando a su supresión. Esta orden desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos; una medida que afecta a las bibliotecas públicas, que en un 96%, son municipales. Entre ellas, la Biblioteca Ramón J. Sender de Monzón. La moción también contempla el traslado del acuerdo al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón.

IU considera que con esta norma el gobierno del PP atenta nuevamente contra la educación y la cultura, estableciendo una tasa en beneficio de los derechos de autor gestionados por sociedades privadas, perjudicando con ello los presupuestos municipales y las bibliotecas públicas, que son centros de cultura accesibles a los ciudadanos.

La portavoz de IU en el área de Cultura, Milva Bueno, señala que “lo que supone este Real Decreto es que los municipios con más de 5.000 habitantes tendrán que pagar una tasa por el préstamo de libros en sus bibliotecas municipales, tasa que irá en función del número de obras con derecho de autor que dispongan y del número de personas usuarias en sus registros que hagan uso de dichas obras”.

Milva Bueno añade que “la tasa (pago de remuneración como se denomina en el Real Decreto), será gestionada en su totalidad por las entidades de gestión de los derechos de autor; unas entidades de carácter privado que fueron en su día salpicadas por importantes de casos de supuesta corrupción y no precisamente por servir fielmente a los autores y a la cultura en general”. El nuevo canon -señala- entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

La concejal de IU defiende el papel que juegan las bibliotecas en el desarrollo de las políticas culturales públicas. Indica, además, que “la implantación de este canon supone una nueva carga a la situación económica de nuestro municipio y nuestras bibliotecas, obligando por Ley a pagar por prestar servicios, y además pone en peligro la propia esencia de estos espacios y su supervivencia como servicio público”.

Considera que aunque, en un principio, este canon no lo paguen directamente los usuarios, terminará repercutiendo en ellos a través de los presupuestos municipales, pudiendo conllevar “un peor servicio y una reducción de la inversión en fondos bibliográficos, porque implica que la biblioteca que más libros preste tendrá un canon mayor”. Para finalizar, Milva Bueno aseguraba que este decreto “es un ataque más a la Cultura y a la Educación”.

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